El alcalde de Telde es periodista de profesión. Nadie cuestiona su trayectoria ni que conserve el interés por la comunicación. Pero ejercer la Alcaldía con dedicación exclusiva obliga a explicar cómo encaja una actividad habitual como entrevistador con las responsabilidades por las que recibe una retribución pública
Hay una pregunta que Juan Antonio Peña debería responder con claridad: ¿dónde termina su función como alcalde de Telde y dónde comienza su actividad como entrevistador en su propio canal de YouTube? La cuestión cobra especial relevancia cuando quienes se sientan frente a él son políticos y empresarios.
Peña es periodista de profesión. Nadie cuestiona su trayectoria ni que conserve el interés por la comunicación. Pero ejercer la Alcaldía con dedicación exclusiva obliga a explicar cómo encaja una actividad habitual como entrevistador con las responsabilidades por las que recibe una retribución pública.
La dedicación exclusiva no convierte al alcalde en una persona sin vida privada, aficiones o inquietudes. Sin embargo, mantener un espacio de entrevistas merece algo más que una apelación a su profesión. La ciudadanía tiene derecho a saber qué naturaleza tiene ese canal, cómo se financia y qué medios utiliza.
¿Es un proyecto estrictamente personal o una herramienta de comunicación institucional? ¿Está monetizado? ¿Cuenta con publicidad o patrocinios? ¿Se emplean instalaciones, equipos o personal municipal? ¿Existe algún informe sobre la compatibilidad de esta actividad con el cargo? Son preguntas concretas que deberían tener respuestas igualmente concretas.
También importa quién ocupa la silla del entrevistador. Un alcalde conserva su autoridad institucional cuando enciende una cámara. Sus invitados saben que están conversando con una persona que gobierna, toma decisiones y representa al Ayuntamiento. Esa circunstancia puede influir en la relación que se establece ante el micrófono y en la percepción de quienes contemplan la entrevista.
En el caso de los empresarios, convendría conocer si mantienen contratos, licencias o expedientes con la Administración municipal. Esa relación, si existiera, no demostraría por sí misma ninguna irregularidad, pero haría todavía más necesaria la transparencia sobre las condiciones de su participación y cualquier posible vínculo económico con el canal.
Con los invitados políticos surge otra cuestión: qué criterio determina su presencia y qué papel desempeña el alcalde durante la conversación. Un canal personal puede acabar funcionando como escaparate de afinidades o como plataforma de promoción. Es legítimo examinar ese contenido y exigir que quede claro si responde a una iniciativa particular, partidista o institucional.
Esa conclusión requiere conocer las condiciones reales de la actividad y examinar el régimen aplicable. Pero la valoración política no tiene que esperar a que aparezca una infracción: se puede exigir claridad, prudencia y rendición de cuentas sobre una práctica que mezcla dos posiciones muy distintas.
Tampoco bastaría con responder que las entrevistas se hacen gratuitamente. La ausencia de remuneración dejaría pendientes otras preguntas: el tiempo dedicado, los recursos empleados, la finalidad del programa y la relación con las obligaciones municipales.
Telde necesita un alcalde que explique su gestión y responda por ella. Si, además, Peña quiere mantener su faceta de entrevistador, le corresponde delimitarla públicamente. Quien formula preguntas a políticos y empresarios debería estar dispuesto a contestar las que suscita su propia actividad. Maribel Castro
