Las buenas palabras no resuelven un expediente de desahucio ni proporcionan intimidad a una víctima de violencia machista. El Ayuntamiento debe concretar dónde se está atendiendo presencialmente, cómo se están resolviendo los casos urgentes y cuándo contará Servicios Sociales con unas instalaciones adecuadas
El traslado de los Servicios Sociales de Telde desde su sede de San Juan ha dejado al descubierto una grave falta de planificación del gobierno municipal. Según la información trasladada por el personal, las dependencias provisionales de El Cubillo carecen de despachos individuales para realizar entrevistas confidenciales, lo que está condicionando seriamente la atención presencial a personas y familias vulnerables.
La atención se está prestando fundamentalmente por teléfono. Las trabajadoras sociales han sido ubicadas en una oficina diáfana, compartida con personal administrativo, donde resulta difícil garantizar la intimidad que requieren las consultas sobre desahucios, exclusión social, violencia machista y otras circunstancias especialmente delicadas.
El Ayuntamiento abandonó una sede sin tener resuelta una cuestión esencial: dónde y en qué condiciones se iba a seguir atendiendo a la ciudadanía. Las consecuencias de esa decisión recaen sobre quienes necesitan una respuesta urgente de la Administración.
La preocupación del personal queda reflejada en una advertencia contundente: «Hoy por hoy, no sabemos dónde podemos atender a familias que requieren informes para casos de desahucios». Estos expedientes pueden estar sujetos a requerimientos judiciales y plazos de apenas diez días, por lo que la falta de un espacio adecuado añade dificultades a situaciones que no admiten demoras.
Según la información aportada, la solución planteada consiste en que el personal se desplace dos días por semana a la Casa de la Juventud para atender al público. Sin embargo, esas instalaciones sufrieron una inundación la pasada semana y UGT ya había denunciado su deterioro. Esta alternativa exige que el gobierno municipal aclare qué dependencias se utilizarán y qué comprobaciones técnicas avalan su adecuación.
A los problemas de espacio se suman las bajas de personal sin cubrir y la sobrecarga que, según los datos facilitados, afrontan once trabajadoras sociales para una población aproximada de 104.000 habitantes.
La responsabilidad política alcanza al alcalde, Juan Antonio Peña, y al gobierno que dirige. Organizar un traslado de estas características exigía prever las necesidades del servicio, disponer de espacios para entrevistas privadas y garantizar la continuidad de la atención desde el primer día.
Las buenas palabras no resuelven un expediente de desahucio ni proporcionan intimidad a una víctima de violencia machista. El Ayuntamiento debe concretar dónde se está atendiendo presencialmente, cómo se están resolviendo los casos urgentes y cuándo contará Servicios Sociales con unas instalaciones adecuadas.
Telde necesita unos Servicios Sociales accesibles, organizados y dotados de medios. La atención a las personas más vulnerables no puede quedar pendiente de soluciones improvisadas después de haber ejecutado el traslado.
