La concejala lagunera Carolina Castro preguntará en el próximo Pleno la situación de estas viviendas después de que el Gobierno municipal asegurara, en marzo de 2025, que el procedimiento estaba en su fase final
Carolina Castro, concejala del grupo municipal Unidas se puede, llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de La Laguna la situación administrativa de las conocidas como 20 viviendas de maestros de Taco, después de que haya transcurrido más de un año desde que el Gobierno municipal asegurara que el procedimiento para regularizar su titularidad se encontraba en su “última fase con la preparación notarial de la escritura pública de liquidación” y que el Ayuntamiento había remitido toda la documentación registral y catastral que le había sido requerida.
Sin embargo, más de un año después, las familias residentes siguen sin recibir información sobre el estado del procedimiento, los trámites que permanecen pendientes o los plazos previstos para culminar la regularización de sus viviendas.
Ante esta situación, Unidas se puede preguntará en el próximo Pleno en qué situación concreta se encuentra actualmente el expediente, qué actuaciones o trámites permanecen pendientes y por qué, transcurrido más de un año desde que se anunció que se encontraba en su última fase, no se ha culminado todavía el proceso de regularización y transmisión de la propiedad de estas viviendas a sus actuales residentes.
Desde la formación consideran que la respuesta del Gobierno municipal en marzo de 2025 generó unas expectativas razonables entre las familias residentes, que llevan años esperando una solución definitiva a la situación de estas viviendas.
“Si hace más de un año se nos dijo que el procedimiento estaba en su última fase, es legítimo preguntar qué ha ocurrido desde entonces”, señala Carolina Castro. “Queremos saber qué trámite concreto queda pendiente, quién debe realizarlo y qué previsión existe para que las familias puedan disponer finalmente de una solución”.
Para Unidas se puede, la cuestión no puede reducirse a una mera tramitación administrativa. La situación de estas viviendas afecta directamente a la seguridad jurídica de las familias que las habitan y que llevan años esperando poder regularizar definitivamente su titularidad.
“No podemos normalizar que una última fase se prolongue durante más de un año sin que las personas afectadas tengan información”, sostiene la concejala. “Las familias tienen derecho a saber en qué punto está el expediente y cuándo podrá resolverse definitivamente”.
La formación señala que realizará un seguimiento de la respuesta que ofrezca el Gobierno municipal en el Pleno y reclama que, después de tantos años de espera, se concrete de una vez qué quedapor hacer y se establezca una hoja de ruta clara para culminar el proceso.
