Ayuntamiento de Telde y Gobierno de Canarias deben aclarar la titularidad del tramo, el encaje urbanístico de la actuación, su coste y el procedimiento utilizado para contratarla o encargarla
La carretera de acceso a la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Telde tiene asfalto, pero sigue faltando una explicación pública sobre la intervención. La mejora abre preguntas que el Ayuntamiento de Telde y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias deberían despejar: quién promovió los trabajos, quién los autorizó, qué empresa los ejecutó y con cargo a qué presupuesto se llevaron a cabo.
El asunto resulta especialmente llamativo por los obstáculos legales y urbanísticos que, según los antecedentes expuestos, habrían bloqueado durante años una solución. Si esas dificultades se han resuelto, corresponde explicar cómo. Y si existía una fórmula para actuar antes, la ciudadanía merece conocer por qué se prolongó la espera.
No basta con que aparezca el asfalto. También debe aparecer la documentación que respalda la obra. Resolver una necesidad de alumnos, docentes y usuarios es positivo, pero no exime a las administraciones de rendir cuentas sobre sus decisiones y el uso de los recursos públicos.
La falta de información deja espacio para distintas hipótesis: una intervención urgente, una actuación incluida en un contrato de conservación o un acuerdo entre administraciones. Sin embargo, ninguna de esas posibilidades puede darse por acreditada sin consultar el expediente. Tampoco hay base suficiente para afirmar que se eludieron controles, se desviaron fondos o se ejecutaron trabajos al margen del procedimiento.
Precisamente por eso, la respuesta debe ser documental. Ayuntamiento y Gobierno de Canarias deben aclarar la titularidad del tramo, el encaje urbanístico de la actuación, su coste y el procedimiento utilizado para contratarla o encargarla.
La contradicción política merece una explicación: lo que durante años se presentaba como un problema difícil de resolver ha terminado materializándose sobre el terreno. ¿Qué cambió? ¿Hubo un informe nuevo, una autorización pendiente o una decisión que antes nadie quiso adoptar?
Una carretera arreglada es una buena noticia. Una gestión sin explicaciones sigue siendo un problema. La transparencia no puede depender de que una administración quiera ponerse la medalla: también debe existir cuando ninguna aclara su responsabilidad.
«Lo preocupante no es que el asfaltado se haya realizado sin publicidad, sino que siga sin aclararse quién lo autorizó, cuánto costó y cómo se resolvieron los obstáculos que durante años impedían actuar. La ciudadanía merece explicaciones, no un asfalto rodeado de silencio».
