Los acuerdos extrajudiciales de rectificación firmados por Turcón y la Plataforma por un Litoral Limpio demuestran que las graves acusaciones vertidas contra la acuicultura en Telde carecían de cualquier base técnica o legal
La reciente revelación de los acuerdos extrajudiciales de rectificación y retractación firmados por el Colectivo Ecologista Turcón y la Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio pone de manifiesto una peligrosa deriva en ciertos sectores del activismo ambiental: la sustitución del rigor técnico, la ciencia y la fiscalización responsable por el alarmismo social, el bulo y la desinformación interesada.
Durante el pasado año, la crisis vivida en el litoral de Telde y el cierre preventivo de playas como Salinetas y Melenara fueron utilizados por estos colectivos para lanzar una campaña feroz y difamatoria contra la actividad de la empresa acuícola Aquanaria. Sin embargo, los documentos judiciales firmados ahora evidencian la absoluta falsedad de aquellas proclamas.
Las rectificaciones obligan a desmontar, punto por punto, las graves mentiras que se difundieron:
- Falsedades sobre su legalidad: Se ha reconocido formalmente que Aquanaria cuenta con todas las autorizaciones, concesiones y evaluaciones ambientales vigentes (Melenara II), desmintiendo que operara en zonas prohibidas.
- Invenciones sanitarias y químicas: Se asume negro sobre blanco que no existe ni constancia científica ni indicio técnico que vincule las instalaciones con emisiones de sulfuro de hidrógeno, residuos en el fondo marino, ni con las supuestas afecciones respiratorias o cutáneas sufridas por la población.
- Señalamientos infundados: Queda negro sobre blanco que las masas viscosas y los vertidos que afectaron a las playas no guardaban relación alguna con la actividad acuícola.
El coste irresponsable del activismo sin fundamento
Este episodio pone de relieve un problema estructural grave. El ecologismo de trinchera, guiado por el ruido mediático y el afán de criminalización previa, genera un daño incalculable. Mientras se señalaba falsamente a una industria sostenible y regulada —perjudicando empleos locales, afectando injustamente a su reputación y generando una alarma social desproporcionada entre los vecinos—, se desvió la atención de los verdaderos problemas de saneamiento y gestión de infraestructuras públicas que realmente aquejaban al litoral.
La libertad de expresión y el derecho a la crítica ciudadana son pilares democráticos fundamentales, pero estos deben ir inexcusablemente acompañados de la verdad, la responsabilidad y el contraste técnico. Fabricar un relato falso para desgastar a un sector productivo no es defender el medio ambiente; es puro populismo ambiental que erosiona la credibilidad de quienes sí realizan una labor ecologista seria y rigurosa.
Desde estas líneas, exigimos un ejercicio de profunda reflexión a los colectivos implicados. La protección de nuestras costas no puede construirse sobre la mentira, la difamación y el señalamiento público infundado, prácticas que solo consiguen polarizar a la sociedad y perjudicar el desarrollo sostenible de nuestras islas.
