El Ministerio Público respalda la demanda presentada por la concejala de PP-AV Eva Lucía Araña contra el grupo de gobierno municipal y solicita al juzgado que dicte sentencia conforme a las pruebas practicadas

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, vulneró el derecho fundamental de participación política al impedir durante la sesión del pleno del 5 de mayo que la Corporación conociera el informe del secretario municipal, que defendía su cambio de estatus a tránsfuga junto con el de otros cinco concejales, que abandonaron Nueva Canarias (NC) para integrarse en Municipalistas Primero Canarias (1ºCanarias).

En un escrito presentado el pasado 15 de julio ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, el fiscal José Antonio Blanco Alonso considera que durante el pleno extraordinario la actuación del alcalde lesionó el artículo 23 de la Constitución, que protege el derecho de los cargos públicos a ejercer plenamente sus funciones, entre ellas la fiscalización y el control de la acción de gobierno. Por ello, solicita al juzgado que dicte sentencia conforme a las pruebas practicadas y ampare los derechos fundamentales invocados por la demandante.

Este pronunciamiento se produce después de que la concejala de PP-AV Eva Lucía Araña acudiera a la Justicia por lo ocurrido en la sesión plenaria del 5 de mayo. En las Casas Consistorial había solo un punto en el orden del día: la toma de conocimiento de la nueva situación corporativa de los concejales que pasaron de NC a Primero Canarias.

Control y fiscalización

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, el alcalde impidió que el pleno conociera un informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento el 18 de marzo de 2026, en el que se concluía que tanto él como otros cinco concejales debían adquirir la condición de no adscritos o ser considerados como tránfugas tras abandonar las siglas con las que concurrieron a las elecciones municipales.

Pero el alcalde bloqueó la toma de conocimiento de ese informe por parte de la oposición y sustentó su actuación amparándose en un documento emitido por la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias, que respaldaba la permanencia de los concejales en su situación actual, tomando como referencia un precedente del Ayuntamiento de Gáldar.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal considera esa actuación impidió que el pleno ejerciera correctamente sus funciones de control y fiscalización, al privar a los concejales del conocimiento del informe elaborado por el máximo responsable jurídico del Ayuntamiento.

Derecho de información

El fiscal recuerda que el orden del día de las sesiones plenarias constituye un elemento esencial del procedimiento administrativo porque garantiza el derecho de información de los concejales y delimita los asuntos que pueden debatirse en un pleno extraordinario.

En consecuencia, considera que impedir el tratamiento efectivo de un asunto expresamente incluido en el orden del día supone prescindir del procedimiento legalmente establecido, circunstancia que la jurisprudencia vincula con la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos.

El Ministerio Público añade que el derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución no se limita al acceso al cargo público, sino que comprende también el ejercicio efectivo de las funciones representativas en las condiciones previstas por la ley. Entre ellas sitúa la posibilidad de controlar y fiscalizar la actuación del gobierno municipal, una facultad que, a su juicio, quedó restringida durante aquella sesión plenaria.

Informe del Gobierno de Canarias

Desde que el alcalde y otros cinco concejales abandonaran Nueva Canarias para integrarse en Municipalistas Primero Canarias, la oposición sostiene que deben pasar legalmente a la condición de miembros no adscritos o tránsfugas, mientras que el grupo de gobierno mantiene la interpretación contraria apoyándose en el informe emitido por la Administración autonómica, en el que se estima que los concejales elegidos en una coalición electoral pueden moverse entre los partidos que la integran sin perder su condición dentro del grupo municipal. 

Ahora, el respaldo del Ministerio Fiscal refuerza a la oposición, a la espera de que el Tribunal de Instancia, en su jurisdicción contencioso-administrativa, determine si la actuación del alcalde vulneró efectivamente el derecho fundamental de participación política de la oposición al impedir que el pleno conociera el informe de la Secretaría General sobre la situación de los seis concejales. laprovincia.es