El personal denuncia falta de privacidad en El Cubillo e incertidumbre sobre la atención presencial, mientras UGT exige informes técnicos antes de trasladar el servicio a la Casa de la Juventud

La gestión del traslado de los Servicios Sociales de Telde refleja una grave falta de previsión política. El gobierno municipal ha desalojado la sede de San Juan sin garantizar previamente un espacio adecuado para la atención presencial de quienes necesitan ayuda urgente. Las consecuencias de esa improvisación recaen sobre las personas con menos recursos y mayores dificultades.

La denuncia del personal resulta demoledora: «Hoy por hoy, no sabemos dónde podemos atender a familias que requieren informes para casos de desahucios». Detrás de esa incertidumbre hay requerimientos judiciales, plazos que pueden ser de apenas diez días y familias cuya situación exige una respuesta inmediata.

Tras abandonar San Juan, las trabajadoras sociales han sido ubicadas en una oficina abierta de El Cubillo, compartida con personal administrativo. Según explican, no existen despachos que permitan mantener entrevistas confidenciales. Un espacio sin intimidad no puede ofrecer una atención adecuada a víctimas de violencia machista, personas sin hogar o familias que deben exponer circunstancias especialmente delicadas.

El problema del edificio de San Juan tampoco habría aparecido de repente. Los trabajadores sostienen que sus deficiencias se conocían desde hace cerca de dos años. Si el gobierno municipal disponía de ese margen, debe explicar por qué llegó al desalojo sin una alternativa preparada. Ordenar una mudanza no equivale a resolver un problema.

La siguiente propuesta añade más incertidumbre: llevar el registro y la atención presencial a la Casa de la Juventud. UGT ha difundido imágenes de humedades y de un sótano apuntalado, y reclama una evaluación técnica de seguridad, salubridad y accesibilidad. Antes de anunciar otro traslado, el Ayuntamiento debe acreditar que el destino reúne las condiciones necesarias.

Mientras tanto, el personal denuncia bajas sin cubrir y una carga de trabajo que afrontan once trabajadoras sociales para una población aproximada de 105.000 habitantes. A una plantilla sobrecargada se le exige ahora trabajar entre mudanzas y decisiones provisionales.

El alcalde, Juan Antonio Peña, ha prometido espacios seguros y con intimidad. Pero las declaraciones no sustituyen a los despachos, los informes técnicos ni la organización del servicio. La responsabilidad del gobierno era tener preparada una solución antes de cerrar la sede anterior.

Telde merece una explicación sobre quién planificó este traslado, qué alternativas se evaluaron y cuándo quedará garantizada la atención presencial. La dignidad de las personas vulnerables no puede depender de que el gobierno municipal encuentre, sobre la marcha, dónde colocarlas.