Con una deuda heredada que roza los 2 millones de euros y reparos técnicos constantes, Manuel Afonso analiza el rastro de papel que dejan 14 años de gestión de Francisco Atta en Valsequillo y lanza una pregunta incómoda: ¿Por qué calla la justicia ante tales evidencias contables? 

Con una deuda heredada que roza los 2 millones de euros y reparos técnicos constantes, Manuel Afonso analiza el rastro de papel que dejan 14 años de gestión de Francisco Atta y lanza una pregunta incómoda: ¿Por qué calla la justicia ante tales evidencias contables? 

En un municipio de las dimensiones de Valsequillo, donde cada euro público cuenta, las cifras que emanan de los últimos informes técnicos no son solo números: son una losa sobre la gestión de casi tres lustros. Tras 14 años de gobierno ininterrumpido de Francisco Atta, el Ayuntamiento no solo ha cambiado de manos tras la moción de censura; ha empezado a hablar a través de sus datos oficiales, y lo que reflejan las actas es una realidad que ya no admite matices políticos. 

Los datos sobre la mesa 

El debate ya no se mueve en el terreno de las suposiciones, sino en el de las certezas administrativas certificadas por los habilitados nacionales (Intervención y Tesorería) y debatidas en el salón de plenos: 

* La deuda certificada: Los datos son públicos y han sido expuestos recientemente: la deuda acumulada con proveedores ha alcanzado la cifra de 1,9 millones de euros. Es el resultado contable de una etapa que hoy se revela insostenible. 

* El «afloramiento» de facturas: Consta en el informe de intervención 798/2025 la aparición de 1.547.036 euros en facturas impagadas correspondientes al periodo 2020-2024. Obligaciones de pago que no figuraban en la contabilidad ordinaria y que han tenido que ser reconocidas a posteriori para evitar el colapso de los proveedores locales. 

* Récord de morosidad: Según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, Valsequillo se situó como el ayuntamiento más moroso de Canarias, alcanzando un Periodo Medio de Pago (PMP) de 258 días. Esta cifra multiplica por ocho el límite legal permitido, asfixiando directamente al tejido empresarial que presta servicios al municipio. 

La pregunta inevitable 

Ante este escenario documentado —donde el uso del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito ha pasado de ser una excepción a ser la herramienta habitual para pagar suministros básicos de años anteriores como luz, agua o telefonía—, la reflexión jurídica es obligatoria: 

¿Cuál es el recorrido de estos informes técnicos una vez que llegan al dominio público? Resulta difícil de explicar que, ante reparos de legalidad constantes y una deuda millonaria que «aparece» en los cajones tras 14 años de gestión, no exista aún una señal clara de actuación por parte de la Fiscalía. 

Cuando los propios funcionarios encargados de velar por la legalidad de las cuentas señalan de forma persistente anomalías en los procedimientos de pago o en la fiscalización de contratos, lo lógico es que la justicia rompa su silencio. La pregunta que queda en el aire para todos los vecinos es si se han solicitado ya, o se van a solicitar, aclaraciones sobre las facturas específicas que han motivado estos reparos técnicos de forma reiterada.

Una herencia que condiciona el presente 

El equipo de gobierno actual se enfrenta hoy a la gestión de un ayuntamiento donde el margen de maniobra está hipotecado por esta «facturación en diferido». El modelo de gestión de la etapa de Francisco Atta ha dejado un rastro de papel que los órganos de control externo no pueden ignorar por mucho tiempo.

Valsequillo merece saber si los procedimientos que llevaron al municipio a liderar los rankings de morosidad y a acumular millones en facturas sin presupuesto tendrán consecuencias más allá del relevo en la alcaldía. Cuando los técnicos hablan con tanta contundencia, el silencio de la justicia es lo único que queda por explicar. 

Manuel Afonso; Colaborador de análisis político