La fiscalización es necesaria en democracia, pero cuando ASBA–Primero Canarias cuestiona la gestión de los primeros cien días sin integrar en el análisis el legado del mandato de Francisco Atta, incurre en una contradicción política evidente. El debate público debe apoyarse en datos completos y en la secuencia íntegra de los hechos, no en análisis fragmentados que omiten el punto de partida institucional

ASBA–Primero Canarias, como grupo mayoritario de la oposición, ha denunciado públicamente una supuesta “parálisis” en los primeros cien días del nuevo gobierno municipal. Sin embargo, cualquier análisis riguroso exige considerar el punto de partida heredado del mandato encabezado por Francisco Atta y la situación real de los expedientes en el momento del relevo institucional. 

No es posible analizar los cien días sin analizar primero los años anteriores. 

Inversiones no activadas y responsabilidad previa 

ASBA–Primero Canarias sostiene que existen más de siete millones de euros en inversiones sin activar. Si esos proyectos estaban plenamente planificados durante la etapa de gobierno de Francisco Atta, resulta legítimo preguntarse por qué no habían iniciado su tramitación antes del cambio político. Las inversiones públicas requieren proyectos completos, pliegos redactados, informes favorables y fiscalización previa. Si esas fases no estaban cerradas, la responsabilidad no puede atribuirse exclusivamente a los primeros cien días del nuevo ejecutivo. 

Si los expedientes no estaban listos antes del relevo, la crítica actual incurre en una evidente incongruencia. 

Facturas pendientes y origen del gasto 

ASBA–Primero Canarias también ha señalado la existencia de 1,9 millones de euros en facturas sin tramitar. Desde el punto de vista contable, debe distinguirse entre la generación del gasto y su reconocimiento posterior. Si dichas obligaciones fueron generadas durante el mandato de Francisco Atta, su regularización en la etapa actual no convierte al nuevo gobierno en responsable del origen del problema. 

No puede denunciarse como problema actual aquello que fue generado bajo la propia gestión anterior. 

Cronología de acuerdos y coherencia política

Algunos de los acuerdos cuya tramitación se cuestiona fueron aprobados en fechas previas al relevo institucional. La cronología administrativa es esencial para determinar responsabilidades. Fragmentar los hechos y omitir la fase inicial de los expedientes genera un relato incompleto que debilita la credibilidad de la crítica. 

La coherencia política exige asumir también la parte de responsabilidad derivada del propio mandato. 

Eventos previsibles y planificación insuficiente 

La crítica sobre la gestión de eventos anuales debe analizarse bajo el mismo criterio. Si durante los años de gobierno de ASBA no se dejaron preparados los procedimientos con la debida antelación, la urgencia posterior no puede presentarse como improvisación aislada. La planificación anticipada es responsabilidad de quien gobierna en cada momento, especialmente cuando los eventos son recurrentes y plenamente previsibles. 

La urgencia no surge de la nada; suele ser consecuencia directa de una planificación deficiente previa. 

Conclusión 

La fiscalización es necesaria en democracia. Pero cuando ASBA–Primero Canarias cuestiona la gestión de los primeros cien días sin integrar en el análisis el legado del mandato de Francisco Atta, incurre en una contradicción política evidente. El debate público debe apoyarse en datos completos y en la secuencia íntegra de los hechos, no en análisis fragmentados que omiten el punto de partida institucional. Manuel Afonso, analista político