La compañía argumentaba que, primero, hay una entrada no autorizada a las instalaciones, segundo, que las instalaciones están en dominio público marítimo-terrestre, fuera del municipio de Telde, «por lo que se excede de las competencias del Ayuntamiento», y además consideraba que el hacer el vuelo de drones sobre las instalaciones con personal trabajando, sin notificación y sin autorización, «en una zona de mar, que puede ser ventosa y que pone en riesgo la integridad de los trabajadores de las instalaciones». «Todo eso está perfectamente regulado en todas las guías de vuelos de drones», aseguraban fuentes de Aquanaria.