Suárez rechazó de plano que exista irregularidad penal alguna y defendió que el procedimiento “es estrictamente administrativo”, acusando además a sectores del entorno del actual grupo de gobierno de intentar mantener viva una polémica con claros tintes políticos

En una entrevista amplia y sin rodeos en el programa El Pulso, que se emite a través de la plataforma digital de Onda Guanche, el concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Telde, Héctor Suárez, respondió con contundencia a las informaciones publicadas por un medio vinculado a la empresa pública Gestel sobre la causa judicial relacionada con las obras de emergencia para garantizar el suministro de agua a asentamientos del municipio en 2022.

Suárez rechazó de plano que exista irregularidad penal alguna y defendió que el procedimiento “es estrictamente administrativo”, acusando además a sectores del entorno del actual grupo de gobierno de intentar mantener viva una polémica con claros tintes políticos.

“Yo no declaré la emergencia, la declaró la Junta de Gobierno”

Uno de los primeros puntos que quiso aclarar el edil fue que no fue él quien declaró la emergencia.

“Ese es el principal error. Héctor Suárez no declara la emergencia. La emergencia la declara la Junta de Gobierno Local, que es un órgano colegiado formado por hombres y mujeres de distintas organizaciones políticas”, subrayó.

Según explicó, la decisión estuvo respaldada por informes técnicos y jurídicos favorables, firmados por responsables del área de Agua, Urbanismo y la empresa pública correspondiente.

La declaración de emergencia, insistió, se sustentó en la amenaza real de corte de suministro, lo que habría dejado a miles de personas sin acceso a un servicio básico en un contexto todavía marcado por las consecuencias sociales del Covid.

“Si no se actuaba con urgencia, miles de personas en Telde se quedaban sin agua. Se sustituyeron contadores para evitar que familias quedaran sin un servicio esencial. No tiene otra lectura”.

Uno de los aspectos más polémicos ha sido el supuesto incremento de costes de la obra. Suárez trató de explicarlo en términos sencillos:

  • La Junta de Gobierno aprobó la emergencia y encargó la redacción del proyecto.
  • La cifra inicial era una estimación alzada orientativa.
  • El proyecto definitivo lo redactó una arquitecta tras el encargo formal.
  • Se pagó exactamente el importe del proyecto redactado y aprobado.

“No se contrató por un millón y acabó costando un millón y medio. Eso es falso. El proyecto se encargó, se redactó y se abonó por el importe aprobado. No hay ningún tipo de incremento irregular”.

Añadió que parte del sobrecoste final vino derivado de intereses reconocidos judicialmente, al no haberse abonado en plazo tras el cambio de gobierno.

“No hay enriquecimiento, no hay financiación irregular, no hay nada”

El concejal fue especialmente tajante al abordar las insinuaciones sobre posibles beneficios personales.

“En ningún momento se cuestiona enriquecimiento ilícito, financiación ilegal o relación alguna con la empresa adjudicataria. Ni yo conocía la empresa, ni había trabajado conmigo antes”.

Subrayó que la investigación se limita, en todo caso, a la interpretación de determinados trámites administrativos, no a delitos de corrupción.

Retrasos judiciales y acusaciones políticas

Suárez también denunció que el procedimiento se ha visto ralentizado porque, según afirmó, el Ayuntamiento no ha remitido toda la documentación solicitada por el juzgado.

Además, apuntó que se han incorporado acusaciones particulares “vinculadas al entorno del grupo de gobierno”, lo que a su juicio evidencia un interés político en mantener el asunto “en el candelero”.

“Da la sensación de que hay más impulso político que responsabilidad administrativa real”.