En lugar de afrontar directamente las incógnitas que rodean este episodio y reclamar el esclarecimiento de todas las posibles fuentes de contaminación del litoral, Hernández vuelve a dirigir la mirada hacia las jaulas marinas, tratando de situarse públicamente en el papel de defensor de la costa de Telde

El anuncio del presidente de Meclasa, Leonardo Hernández, de personarse en la causa judicial relacionada con las jaulas marinas parece un nuevo brindis al sol y un intento de ponerse de perfil ante la judicialización de los vertidos del emisario 222 de Silva.

En lugar de afrontar directamente las incógnitas que rodean este episodio y reclamar el esclarecimiento de todas las posibles fuentes de contaminación del litoral, Hernández vuelve a dirigir la mirada hacia las jaulas marinas, tratando de situarse públicamente en el papel de defensor de la costa de Telde.

Pero la judicialización del asunto ha cambiado el escenario. Ya no se trata de ganar la batalla del relato mediante declaraciones públicas, titulares o acusaciones precipitadas. Ahora corresponde a la investigación judicial esclarecer qué ocurrió, qué sustancias fueron vertidas al mar, durante cuánto tiempo, qué controles existían y cuáles fueron sus posibles consecuencias.

El anuncio de Meclasa resulta, por tanto, difícil de separar del momento en que se produce. Mientras las actuaciones judiciales ponen el foco sobre los vertidos del emisario 222, Leonardo Hernández parece querer colocarse de perfil, cambiar el terreno de juego y volver a señalar en otra dirección.

Defender el litoral de Telde no puede consistir en escoger qué contaminación merece atención y cuál debe pasar inadvertida. Tampoco resulta coherente presentarse como garante de la protección de la costa mientras se evita exigir con la misma contundencia el esclarecimiento de lo sucedido con el emisario 222.

Las preguntas continúan sobre la mesa y no desaparecerán por anunciar una personación judicial: ¿qué ocurrió realmente en el litoral?, ¿cuál fue el alcance de los vertidos?, ¿quién conocía la situación?, ¿qué medidas se adoptaron y qué responsabilidades podrían derivarse de los hechos investigados?

Será la Justicia la encargada de responder a estas cuestiones y determinar el papel de cada uno de los actores implicados. Por eso, quizás resulte precipitado intentar ocupar públicamente el papel de acusador antes de que las diligencias permitan conocer con precisión todas las circunstancias del caso.

Leonardo Hernández puede intentar ponerse de perfil ante la opinión pública, pero la investigación judicial seguirá su curso. Y será en los tribunales, con informes, documentos y pruebas, donde se determine qué ocurrió realmente en el entorno del emisario 222 de Silva.

Porque, cuando una cuestión medioambiental llega a los juzgados, los brindis al sol y las maniobras para desviar el foco tienen un recorrido limitado. Al final, no importa quién consiga el titular más favorable, sino lo que acrediten las pruebas y determine la Justicia.