Que ante la apertura de diligencias judiciales por irregularidades en la depuradora de Silva miren para otro lado es dejar huérfana a la ciudadanía. Al dar la callada por respuesta, Meclasa y Turcón no están protegiendo al municipio; están protegiendo las siglas de los gestores políticos que han permitido que el litoral se convierta en un pozo negro

La Fiscalía de Medio Ambiente ha dado un paso definitivo al trasladar a los Juzgados de Telde las diligencias abiertas por la grave contaminación del litoral, tras constatar indicios delictivos y «numerosas irregularidades» en la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Silva. Frente a la gravedad de una investigación penal por presunto delito contra el medio ambiente, el Ayuntamiento de Telde ha reaccionado intentando amortiguar el golpe político y desviar el foco de la gestión pública.

En un comunicado oficial emitido tras la decisión del Ministerio Público, el Consistorio teldense manifestó su «satisfacción» y calificó de «positivo» que el proceso avance. Sin embargo, el texto institucional activa una evidente cortina de humo al insistir en centrar el problema en «los restos procedentes de la mortandad masiva de peces en las jaulas de acuicultura», ignorando deliberadamente que la Fiscalía apunta de forma directa a la red de saneamiento terrestre y al emisario de Silva.

El Ayuntamiento de Telde ha activado una evidente cortina de humo en su comunicación oficial. En un intento de amortiguar el golpe político y desviar el foco de la gestión pública, el Consistorio ha manifestado su «satisfacción» por la judicialización del caso, pretendiendo reducir el problema a un accidente biológico marino puntual ligado a las jaulas de acuicultura. Con ello, ignora deliberadamente que las pesquisas del Ministerio Público apuntan de forma directa a las deficiencias y al mal estado de la red de saneamiento terrestre.

Sin embargo, el dato más grave y sorprendente tras este giro judicial es el papel adoptado por el colectivo vecinal Meclasa y los ecologistas de Turcón, que abanderaran las manifestaciones por el estado de las playas, han optado, de manera unánime, por dar la callada por respuesta. Este clamoroso silencio ante la gravedad de los hechos investigados por la Fiscalía deja desamparada a la ciudadanía independiente y alimenta las sospechas de un apagón crítico interesado para no desgastar al grupo de gobierno.

Los vecinos apoyan a estos colectivos porque confían en que son su voz frente a los abusos de la administración. Que ante la apertura de diligencias judiciales por irregularidades en la depuradora de Silva miren para otro lado es dejar huérfana a la ciudadanía. Al dar la callada por respuesta, Meclasa y Turcón no están protegiendo al municipio; están protegiendo las siglas de los gestores políticos que han permitido que el litoral se convierta en un pozo negro.