El estudio acusa al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de vulnerar la transparencia y la objetividad en la adjudicación de un proyecto valorado en más de 1,5 millones de euros, tras un recurso ya rechazado por el Tribunal Administrativo

El despacho Portela International Arts & Architects ha decidido dar un paso más en su batalla legal contra el concurso convocado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias. La firma presentará el próximo 2 de septiembre una denuncia formal ante la Fiscalía provincial, solicitando que se investiguen las supuestas irregularidades que, a su juicio, condicionaron la adjudicación del contrato, valorado en más de 1,57 millones de euros.

El concurso fue adjudicado a la propuesta AWA del equipo Batlle i Roig Arquitectura, pero el estudio sostiene que el proceso estuvo plagado de anomalías que ponen en cuestión la transparencia, objetividad y equidad del fallo.

Los argumentos de Portela

Portela apunta a la renuncia de una miembro clave del jurado y su sustitución en condiciones que considera irregulares, al trato desigual en la gestión de suplencias tras la retirada de finalistas, así como a la pérdida de anonimato por la publicación anticipada de la votación ciudadana, que apenas alcanzó un 0,39% de participación.

También critica lo que considera una confusión generada cuando el Ayuntamiento anunció en su web que otro equipo local redactaría el proyecto definitivo pese a que el fallo oficial señalaba a Batlle i Roig como ganadores. A estas cuestiones se suma la denuncia de vínculos personales y profesionales entre la alcaldesa y algunos de los beneficiarios del concurso, además de la valoración técnica otorgada a una propuesta que, según el estudio, planteaba riesgos elevados como el soterramiento de la GC-1 o la construcción de un museo en un aliviadero del barranco.

Los aspectos que Portela cuestiona

  • Alteración del jurado: la renuncia de la directora de la Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona y su sustitución presuntamente irregular.
  • Desigualdad de trato: diferencias en la gestión de suplencias tras la renuncia de equipos finalistas.
  • Pérdida de anonimato: publicación anticipada de resultados de la votación ciudadana antes de la deliberación del jurado.
  • Baja participación popular: apenas un 0,39% del censo votó, pese a que esa consulta representaba un 10% de la puntuación final.
  • Confusión en la adjudicación: anuncio institucional de que otro equipo local redactaría el proyecto definitivo, pese a que los ganadores oficiales fueron Batlle i Roig.
  • Acceso limitado a la documentación: denegación de las actas de puntuación del jurado, consideradas “confidenciales”.
  • Relaciones personales y profesionales: vínculos de miembros del jurado y la alcaldesa con algunos de los adjudicatarios.
  • Criterios técnicos cuestionados: la propuesta ganadora, según Portela, contemplaba soluciones de alto riesgo, como el soterramiento de la GC-1, y omitía elementos obligatorios como el trazado de la Metroguagua

El recurso rechazado por el TACPC

El conflicto no es nuevo. Antes de acudir a la Fiscalía, Portela International Arts & Architects presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias (TACPC). En ese escrito solicitaba la nulidad del procedimiento o, en su defecto, la retroacción del concurso al momento anterior a la deliberación del jurado, alegando que no se había garantizado una composición válida ni se había respetado la igualdad entre los participantes.

El TACPC, sin embargo, rechazó esas pretensiones en julio, al considerar que no existían fundamentos suficientes para anular la adjudicación ni suspender la ejecución del contrato. Aquella resolución cerró la vía administrativa y dejó al estudio sin más opciones que recurrir a la justicia penal, en busca de que la Fiscalía determine si en el proceso pudieron cometerse irregularidades con relevancia jurídica.