La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) emitió un comunicado alertando sobre la aparición de una peligrosa «seguridad paralela» en las carreteras del Archipiélago
Hace dos semanas, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) emitió un comunicado alertando sobre la aparición de una peligrosa «seguridad paralela» en las carreteras del Archipiélago. La organización denunció un episodio reciente en Gran Canaria, donde un vehículo privado simuló operar como un servicio de emergencias oficial, utilizando dispositivos luminosos reservados a las autoridades e interviniendo en la regulación del tráfico sin tener competencia alguna para ello.
Ahora, la Guardia Civil investiga el caso tras un escrito presentado por la AUGC, el cual ha sido remitido al Subsector de Tráfico de Las Palmas a los efectos que por dicha unidad se estimen procedentes, al estar los hechos objeto de averiguación directamente relacionados con la seguridad vial.
Hechos
Los hechos ocurrieron el domingo 18 de enero en la autopista GC-1 en sentido sur. A la altura del kilómetro 6, un turismo sufrió un accidente debido a las condiciones meteorológicas adversas, impactando contra el muro de la mediana y volcando posteriormente. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, personal del Servicio Canario de Salud y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria para atender a las dos personas mayores implicadas y restablecer la normalidad en la vía.
Durante el operativo oficial, irrumpieron en la escena dos individuos a bordo de un vehículo rotulado con distintivos de una empresa de servicios sanitarios privada. El coche estaba equipado con señales luminosas V1 de color azul, dispositivos cuyo uso está restringido exclusivamente a los vehículos de emergencias y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Según la denuncia, estacionaron junto a los servicios oficiales y, sin portar prendas reflectantes, uno de los ocupantes comenzó a dirigir el tráfico manualmente, actuando como si fuera un agente de la autoridad.
Usurpación
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera que este tipo de intervenciones «no pueden catalogarse como una simple prestación de ayuda». La asociación sostiene que constituyen un «claro supuesto de usurpación de funciones públicas, al realizar actos propios y exclusivos de los cuerpos policiales». Además, advierten que estas prácticas «generan confusión entre los conductores y aumentan el riesgo de accidentes, ya que la ciudadanía nunca debe dudar de la legitimidad de quien le ordena detenerse o le corta el paso en una vía pública».
La AUGC recuerda la normativa vigente, señalando que el Real Decreto 2822/1998 establece que los vehículos policiales «son los únicos autorizados para utilizar el sistema auxiliar de dos fuentes luminosas azules (V1)». La asociación califica la situación «como una piratería en el uso de la señalización de emergencias, donde actores privados intentan proyectar una imagen de autoridad de la que carecen, ocupando carriles y exigiendo paso con dispositivos ilegales».
