Las partes plantearon sus diferentes posturas y el juzgado decretó el levantamiento de la paralización cautelar

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha levantado la medida cautelar de paralización de las obras de acceso al Confital. Así lo explica el auto dictado este lunes tras celebrarse la vista en las que las partes implicadas —el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Comunidad Autónoma y la Alternativa Maga Nacionalista (AMAGA)— plantearon sus diferentes posturas.

El Ayuntamiento capitalino, por su parte, defendió la total legalidad de la ejecución de la intervención en este espacio protegido para dotar, explican, de seguirdad a sus usuarios. El ingeniero redactor del proyecto aseguró lo anterior explicando que «todas las actuaciones van encaminadas a la seguridad» y defendió que la paralización de las obras deja la zona en un estado «ruinoso», lo que podría ocasionar un accidente. 

Paralización de las obras

Alternativa Maga Nacionalista (Amaga) pidió la paralización de las obras al entender que los trabajos de desmonte de la ladera son ilegales, ya que la zona se encuentra sobre suelo rústico de protección costera, y que el proyecto no se sometió a información pública. No obstante, la jueza desestimó lo anterior al entender que la paralización cautelar de los trabajos incrementaba el riesgo para la ciudadanía usuaria de esta zona del litoral capitalino, ya de por sí degradado antes del inicio de la obra, que tiene por objeto, precisamente, mejorar la seguridad.

«Ha de prevalecer el derecho a la seguridad y la accesibilidad invocado por la administración pública, y procediendo en consecuencia a levantar la suspensión acordada con carácter cautelarísimo, concretándose la realización de la obra en mejores condiciones y mayor seguridad para los ciudadanos, más allá de garantizar el cumplimiento al derecho de acceso o información ambiental y participación pública del partido político recurrente, lo que afecta directamente a la cuestión de fondo, y sin que la petición cautelar integre medida alguna destinada a hacer efectivo tal derecho, sino a impedir que se ejecute una obra aprobada», señala el auto judicial.