Estiman que el supuesto atentado al honor y a la reputación del presidente incumbe a su persona, no a la institución. El Ejecutivo envía al Juzgado la documentación solicitada

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias no pueden asumir la defensa personal del presidente, Ángel Víctor Torres, quien si lo estima conveniente deberá ejercer las acciones legales que anunció contra Marco Antonio Navarro Tacoronte, que da nombre al caso Mediador, a título individual.

El pasado 25 de febrero trascendió que Ángel Víctor Torres ordenó que se ejercieran «cuantas acciones legales sean necesarias ante las graves y falsas acusaciones» vertidas por el mediador, quien dijo que estaba «al corriente de la trama». El portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno que los servicios jurídicos estiman que el supuesto atentado al honor y a la reputación del presidente incumbe a su persona, no a la institución.

Pérez ha señalado que a juicio de los servicios jurídicos «tampoco está claro» que se haya producido un daño a la reputación o al prestigio del Gobierno, y que solo puede personarse como perjudicada en los procedimientos judiciales por violencia de género.

Por otro lado, el Gobierno ha remitido al juzgado que instruye el caso Mediador los expedientes que pidió recabar de la Dirección General de Ganadería desde 2016 en los que no ha detectado ninguna anomalía. Esos expedientes se limitan a cuatro empresas en concreto, que son objeto de la investigación judicial, pero la Consejería de Administraciones Públicas ha encargado a los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma una inspección extraordinaria y urgente de todas las actuaciones de Ganadería desde 2019.

Pérez ha detallado asimismo que el Ejecutivo ha remitido al Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Policía, los soportes informáticos necesarios para acceder a las comunicaciones corporativas -correos electrónicos- de Juan Bernardo y Taishet Fuentes mientras encabezaron la Dirección General de Ganadería.