El consejero de Obras Públicas de entonces, Pablo Rodríguez, que era vicepresidente del Gobierno, ha declinado contestar las preguntas que se le envió tanto a su correo oficial del Parlamento de Canarias (es diputado regional) como a su teléfono. Es el nuevamente candidato a las próximas elecciones autonómicas
El Gobierno de Canarias encargó en 2019 a dos empresas sin experiencia y relacionadas familiarmente entre sí sendos informes plagiados. Y lo hizo en los minutos de descuento, ambos el mismo día, el 21 de junio, cuando el Ejecutivo que presidía Fernando Clavijo, de Coalición Canaria (CC), se disponía a abandonar el poder tras haber sido derrotado en mayo por el Partido Socialista de Ángel Víctor Torres, actual presidente. Justo al día siguiente de hacer formalmente los encargos de estos dos trabajos se firmaba el conocido como Pacto de las Flores, el que a día de hoy y desde entonces sigue sosteniendo al Gobierno de Canarias.
Ambas empresas y ambos administradores únicos aparecen actualmente implicados en una investigación penal abierta por la Fiscalía de Las Palmas por delitos presuntamente cometidos mediante el procedimiento de contratos fraccionados y encadenados en el Ayuntamiento de Mogán.
Ninguno de los dos encargos se corresponden en absoluto ni con la experiencia ni con el epígrafe fiscal ni con la actividad cotidiana de estas dos empresas. A una de ellas, el Gobierno de Fernando Clavijo le hizo el siguiente encargo: “Redacción del Informe Análisis e Identificación de los retos de conectividad entre Canarias y África para los próximos años”. Por este trabajo, el Gobierno pagó 15.549 euros, Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), incluido, 14.600 sin impuestos, en el límite mismo de los 15.000 euros permitidos para los contratos menores.
A la segunda empresa por su parte, se le encargó la “Redacción de Informe Técnico sobre la situación de la gestión de residuos en Puertos Canarios”, según consta en la plataforma de contratación del Estado. Por este trabajo se pagaron al contratista 14.400 euros sin impuestos, 15.336 con IGIC incluido.
En ambos casos, la encomienda aparece firmada por la entonces directora general de Transportes, Yasmina García Hernández, directamente dependiente del consejero de Obras Públicas, a la sazón Pablo Rodríguez, secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, que además ocupaba en aquellas fechas la Vicepresidencia del Gobierno.
El consejero de Obras Públicas de entonces, Pablo Rodríguez, que era vicepresidente del Gobierno, ha declinado contestar las preguntas que le envió este periódico, tanto a su correo oficial del Parlamento de Canarias (es diputado regional) como a su teléfono. Es el nuevamente candidato a las próximas elecciones autonómicas.
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