La destitución posterior de los tres concejales no responde tanto a una discrepancia ideológica como a una quiebra de la lógica de funcionamiento del ejecutivo. En política municipal, la crítica, incluso dura, forma parte del juego democrático; el voto con la oposición contra el propio gobierno, sin abandonar previamente el mismo, supone una ruptura que difícilmente puede sostenerse sin consecuencias
La crisis política vivida en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana no puede entenderse como un hecho aislado ni como una reacción puntual a una votación en el pleno. Es el desenlace de un conflicto previo, mal resuelto, que durante meses convivió dentro del gobierno municipal hasta que estalló en sede plenaria.
El origen del problema está en la fractura del espacio político canarista. De los concejales elegidos bajo las siglas de Nueva Canarias, seis abandonaron posteriormente el partido y pasaron a integrarse en Primero Canarias, manteniendo tanto sus actas como sus responsabilidades de gobierno. Solo tres concejales permanecieron orgánicamente en Nueva Canarias, quedando en clara minoría dentro de un ejecutivo que, sin embargo, siguió funcionando sin una redefinición formal del pacto ni una aclaración política de fondo.
Esa situación generó una anomalía evidente: un gobierno municipal sostenido mayoritariamente por cargos que ya no pertenecían al partido con el que concurrieron a las elecciones, mientras los ediles que sí permanecían en Nueva Canarias quedaban progresivamente aislados en la toma de decisiones. El conflicto existía, pero no se abordó. Se optó por priorizar la estabilidad institucional y posponer el debate político.
El punto de inflexión llegó cuando, en un pleno municipal, se debatió una moción presentada por el Partido Popular que introducía de lleno el concepto de transfuguismo y cuestionaba la legitimidad política de quienes habían abandonado las siglas originales. Los tres concejales de Nueva Canarias votaron a favor de esa moción, alineándose con la oposición y situando el conflicto interno del gobierno en el centro del pleno.
Más allá del contenido de la moción, el hecho relevante fue el gesto institucional: por primera vez, una parte del gobierno utilizaba una iniciativa de la oposición para dirimir una disputa interna y votar contra el propio ejecutivo. Esa decisión marcó una ruptura clara de la confianza política necesaria para sostener un gobierno municipal.
Desde un punto de vista político, la reclamación de coherencia por parte de los tres concejales no carecía de lógica. Había un debate legítimo sobre el uso de las siglas, la fidelidad al proyecto con el que se obtuvieron las actas y la falta de una renegociación del pacto tras la salida de seis ediles del partido. Sin embargo, en el plano institucional, la forma elegida para plantear este conflicto resultó incompatible con la continuidad en el gobierno.
La destitución posterior de los tres concejales no responde tanto a una discrepancia ideológica como a una quiebra de la lógica de funcionamiento del ejecutivo. En política municipal, la crítica, incluso dura, forma parte del juego democrático; el voto con la oposición contra el propio gobierno, sin abandonar previamente el mismo, supone una ruptura que difícilmente puede sostenerse sin consecuencias.
En este contexto, el papel del PSOE y de Fortaleza fue el de actores secundarios pero decisivos. Su abstención en la moción evitó que prosperara y, tras el cese, optaron por respaldar la continuidad del gobierno en minoría, priorizando la estabilidad y el funcionamiento institucional frente a la clarificación política del conflicto de fondo. No provocaron la crisis, pero aceptaron convivir con sus consecuencias.
La situación de Santa Lucía de Tirajana deja varias lecciones políticas. La primera, que los conflictos internos no resueltos terminan aflorando en el peor escenario posible. La segunda, que no todo debate legítimo es compatible con seguir formando parte de un gobierno. Y la tercera, que diferenciar entre transfuguismo de partido y deslealtad institucional no es un matiz académico, sino una clave esencial para entender por qué algunas decisiones, aun siendo controvertidas, acaban produciéndose.
El conflicto no comenzó el día de la votación, pero ese día se hizo irreversible. Y cuando un gobierno pierde la confianza interna necesaria para sostenerse, la ruptura deja de ser una hipótesis para convertirse en una consecuencia.
A este escenario se suma un elemento institucional relevante: tras la destitución de los tres concejales, el grupo de gobierno queda en minoría en el pleno municipal. Se trata de una minoría ajustada, pero suficiente para seguir gobernando si se mantienen los actuales equilibrios y acuerdos puntuales. Esta circunstancia refuerza la idea de que la decisión no se adopta desde una posición de comodidad política, sino asumiendo un escenario más complejo, en el que la estabilidad dependerá del diálogo y de la responsabilidad del resto de fuerzas.
Manuel Afonso: Colaborador de análisis político
