Los canaristas respetan la resolución judicial pero rechazan la estrategia política inmoral llevada a cabo por Ciuca
Desde Nueva Canarias, queremos manifestar nuestro respeto absoluto hacia las resoluciones judiciales, pero es crucial aclarar que nuestra crítica no se dirige a cuestionar una decisión jurídica, sino a señalar una estrategia política que consideramos inmoral y fruto de lo peor de la política.
El alcalde de Telde, en vez de escudarse en una resolución judicial, tendría que responder a la ciudadanía sobre:
- ¿Por qué no se llevaron las facturas de Guillermo Reyes a reconocimiento extrajudicial de crédito al Pleno, tal como indican los informes jurídicos?
- ¿Por qué se optó por un procedimiento diferente al que se aplicó con las facturas de los otros ediles incluidos en el mismo expediente?.
- ¿Por qué, teniendo los informes listos para las facturas del presidente de Ciuca, estos fueron anulados sin razón técnica –jurídica y excluidos del orden del día del pleno?
- ¿Por qué no informó a la ciudadanía de la resolución jurídica después de asumirla en la junta de gobierno del 24 de Octubre?
- ¿Es moral que la designación de la defensa de los intereses municipales y de la estrategia judicial de la misma la dirija un concejal de Ciuca en un procedimiento que tiene como contraparte al presidente de su partido?
- ¿pedirá la defensa de Guillermo Reyes, ejercida por Daniel Reyes, consejero del Cabildo de Gran Canaria y militante de Ciuca, el pago de las costas judiciales?
Es evidente que la estrategia opaca de Ciuca, bajo la dirección de Guillermo Reyes, y con el beneplácito del alcalde Juan Antonio Peña, se centra en buscar una vía paralela que garantice el cobro de los casi 100.000€ que reclamaba y despistar con insultos y descalificaciones. Sin embargo, esta táctica ha llevado a la prolongación innecesaria del contencioso administrativo y a decisiones que no benefician a los intereses municipales sino a sus intereses particulares. De haberse llevado las facturas al pleno se hubiese paralizado el contencioso y el ayuntamiento se hubiera ahorrado gastos jurídicos.
Insistimos en que lo sucedido marca una diferencia clara entre los/as que vienen a la institución a servir y los/as que vienen a servirse y lamentamos que la ciudad de Telde siga sufriendo las consecuencias de lo peor de la política: la judicialización de la vida pública, el amedrentamiento del adversario político, la política del miedo. Estas son las señas de identidad de Ciuca, de la que no se conoce ninguna aportación real al avance y bienestar de la ciudad y sus habitantes
La ciudadanía de Telde se merece un gobierno que actúe con transparencia y responsabilidad, no uno que utilice maniobras engañosas para proteger intereses personales y partidistas.