Porque si la respuesta a todo esto es el silencio, la minimización o el “no pasa nada”, entonces el problema ya no son las multas, es la forma de gobernar. Este es el Telde de Juan Antonio Peña, caos, descrédito y ciudadanos pagando el precio de la irresponsabilidad institucional

El Ayuntamiento de Telde que, presuntamente, ha estado impulsando sanciones de tráfico en vías que no son de su competencia (tramos de la GC-1 o la GC-10) se se topa con la pared de Valora, el organismo recaudatorio del Cabildo, que se niega a diligenciar esas multas por el riesgo legal que arrastran.

El escándalo es mayúsculo, hay “miles de multas en el limbo”, si muchas acabarán prescribiendo y si se ha generado un agravio comparativo entre quien pagó y quien ya no pagará. ¿Quién tomó la decisión de sancionar donde no se podía? ¿Quién lo permitió? ¿Quién miró para otro lado?

Ante tanta negligencia política y policial en Telde, Valora actúa como un filtro de legalidad. No puede ejecutar por vía de apremio algo que nace con una base jurídica débil o directamente nula por falta de competencia del órgano sancionador.  Esto retrata al Ayuntamiento de Telde en toda su inmundicia, el propio sistema recaudatorio público se planta porque el riesgo de anulación masiva y devoluciones en cascada es real.

Lo que toca es rendición de cuentas. Si la Policía Local de Telde ha denunciado o aplicando radares en carreteras que son competencia insular o estatal, la responsabilidad del jefe de la Policía Local, Félix Ramos, no puede diluirse en un fallo del sistema o en un tema técnico. Se compromete la credibilidad del propio cuerpo y se expone a la institución a una lluvia de recursos, anulaciones y descrédito.

JUAN ANTONIO PEÑA: EL ALCALDE QUE ESTABA EN LA REUNIÓN, NO PUEDE HACERSE EL SORPRENDIDO

La reunión celebrada el domingo 22 de febrero en dependencias de la Policía Local, contó con presencia del alcalde Juan Antonio Peña y otros actores, precisamente por la preocupación ante el volumen de sanciones y la postura de Valora.  Si el alcalde se sienta en una mesa a hablar del problema, es porque el problema ya era serio. Y si era serio, la ciudadanía tiene derecho a saber desde cuándo se sabía, qué informes había, quién advirtió y qué se hizo (o no se hizo).

Lo más sangrante es el agravio comparativo, quienes pagaron en período voluntario quizás tengan que “pelear” para recuperar su dinero, mientras que a otros ya no se les reclamará porque las sanciones quedarán sin impulso recaudatorio o prescribirán. Eso rompe un principio básico de la administración (igualdad de trato).

TRANSPARENCIA, AUDITORÍA Y RESPONSABILIDADES 

Si el escenario descrito es cierto, no basta con “buscar un convenio” o “arreglarlo para adelante”. Hacen falta medidas concretas y públicas:

  • Listado transparente de vías afectadas (GC-1, GC-10 y otras) y periodos de sanciones.
  • Cifra real de expedientes en riesgo y plan de actuación (incluidas devoluciones si procede).
  • Informe jurídico externo o independiente, no un apaño interno para salir del paso.
  • Asunción de responsabilidades: técnicas (mando policial) y políticas (alcaldía y gobierno municipal).

Porque si la respuesta a todo esto es el silencio, la minimización o el “no pasa nada”, entonces el problema ya no son las multas, es la forma de gobernar. Este es el Telde de Juan Antonio Peña, caos, descrédito y ciudadanos pagando el precio de la irresponsabilidad institucional.