La secuencia encaja: primero se aseguran una estructura alternativa, después se construye el nuevo espacio político, y finalmente se produce la ruptura, utilizando esa afiliación previa como defensa
La afiliación previa al BNR, no conocida públicamente hasta estallar el conflicto, y la posterior integración en Primero Canarias dibujan una cronología que sugiere una estrategia para evitar las consecuencias del transfuguismo
En política, las casualidades existen. Pero cuando los hechos encajan con precisión en el tiempo, dejan de parecer casualidades y empiezan a parecer estrategia.
El caso de los concejales de Santa Lucía de Tirajana, incluido su alcalde, apunta a algo más que un simple cambio de siglas: un movimiento preparado con antelación para intentar evitar las consecuencias de una ruptura política.
Porque aquí no solo estaba en juego una cuestión ideológica, sino algo mucho más concreto: mantener sueldos, cargos y poder institucional.
La secuencia es clara. En enero de 2025, el BNR rompe con Nueva Canarias. En abril, los concejales se afilian al BNR. En mayo comienza a articularse Primero Canarias. Meses después, se formaliza la ruptura con Nueva Canarias.
La pregunta es evidente: ¿por qué afiliarse al BNR antes de que existiera el nuevo proyecto político? Ese dato cambia la lectura. La afiliación no es una reacción, sino un paso previo.
Además, no fue conocida públicamente en su momento. No formó parte del debate político ni se explicó a la ciudadanía. Aparece ahora como argumento clave de defensa.
Si era una decisión transparente, ¿por qué no se comunicó entonces?
El debate jurídico gira en torno a una idea: no es la coalición lo relevante, sino el partido que presentó a los cargos electos. El Pacto Antitransfuguismo contempla que puede haber transfuguismo incluso dentro de una misma coalición si no hay consentimiento del partido de origen.
Por eso, desplazar el foco hacia la coalición no es inocente. Permite intentar evitar las consecuencias reales.
Y esas consecuencias son claras: pérdida de cargos, de peso institucional y posible afectación a retribuciones, dedicaciones y medios.
Es decir, lo que estaba en juego era dinero y poder.
La secuencia encaja: primero se aseguran una estructura alternativa, después se construye el nuevo espacio político, y finalmente se produce la ruptura, utilizando esa afiliación previa como defensa.
No parece improvisación. Parece un intento de cambiar sin perder nada.
Este tipo de situaciones revelan una evolución en la práctica política. El cambio ya no se produce de forma abrupta; se prepara, se protege y se ejecuta cuando existe cobertura.
Podríamos estar ante lo que cabe denominar transfuguismo preventivo: no el que reacciona, sino el que se anticipa.
La cuestión de fondo es simple: ¿se puede cambiar de partido sin perder el cargo, el sueldo y el poder obtenidos bajo otras siglas?
Porque el votante elige proyectos concretos, no estructuras abstractas. Y cuando esos proyectos cambian, debería existir un coste político. Lo que no resulta razonable es que ese cambio se diseñe para que no tenga ninguna consecuencia. La clave no es solo lo que ocurrió, sino cuándo ocurrió y cuándo se decidió hacerlo público. Manuel Afonso; analista político
