Curiosa la prudencia del Alcalde de Telde, exige cautela a quienes plantean dudas, mientras el mismo adelanta públicamente argumentos defensivos antes de conocer el resultado de la instrucción
Dice el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, en el medio que se paga con dinero de todos los teldenses a través de la empresa pública Gestel, que el Ayuntamiento se personará en el procedimiento judicial relacionado con la mortandad masiva de lubinas. Constituye un ejercicio de equilibrismo político difícil de sostener: por un lado, anuncia que acudirá a los tribunales para «buscar responsabilidades» y, por otro, se apresura a construir una defensa pública de la gestión vinculada a la EDAR de Silva antes incluso de que la Justicia determine qué ocurrió realmente.
La contradicción resulta evidente.
Si el objetivo de la personación es contribuir al esclarecimiento de los hechos, lo razonable sería esperar a que la investigación judicial avance, se analicen los informes técnicos y periciales y se determine la posible relación entre los distintos episodios investigados.
Sin embargo, Peña parece tener ya una parte de la conclusión preparada: insiste en que no existen datos que acrediten irregularidades en el funcionamiento de la depuradora y reclama que no se construyan relatos sin pruebas.
Curiosa la prudencia del Alcalde de Telde, exige cautela a quienes plantean dudas, mientras el mismo adelanta públicamente argumentos defensivos antes de conocer el resultado de la instrucción.
El Ayuntamiento anuncia que se persona para buscar responsables. La pregunta es inevitable: ¿buscará responsabilidades en todas las direcciones o únicamente en aquellas que resulten políticamente convenientes?
Porque personarse en una causa judicial no debería servir para construir un escenario mediático, presentarse ante la opinión pública como defensor de los intereses de Telde y, al mismo tiempo, tratar de blindar anticipadamente determinadas actuaciones.
Peña asegura que «por ahí tendrá que pasar muchísima gente para depurar responsabilidades». Tiene razón. Y precisamente por eso debería permitir que sea la Justicia la que investigue sin intentar anticipar públicamente quién puede ser responsable y quién merece quedar fuera de cualquier sospecha.
La demagogia alcanza su máxima expresión cuando se anuncia solemnemente que se acudirá a los tribunales para conocer la verdad mientras, paralelamente, se ofrece a la ciudadanía una verdad política prefabricada.
El Ayuntamiento está en su derecho de personarse. Pero hacerlo no convierte automáticamente al Gobierno municipal en juez, fiscal ni víctima.
Peña quiere aparecer en la fotografía de quienes exigen respuestas. La instrucción judicial determinará quién tendrá que formular las preguntas y, sobre todo, quién tendrá que responderlas.
Porque en una investigación judicial el papel de cada actor no lo decide una entrevista ni una estrategia de comunicación. Lo determinan los hechos, las pruebas y las resoluciones judiciales.
Y quizá por eso resulte demasiado pronto para repartir papeles antes de que se levante el telón.
