La admisión a trámite de la querella criminal, contra los técnicos municipales, A. Alemán y B. Santana por un presunto delito de prevaricación administrativa, marca un giro importante en el conflicto judicial que mantienen la Sala de Fiestas La Bella Época y el Ayuntamiento de Telde
El Juzgado de Instrucción n.º 2 de Telde admite a trámite la querella criminal criminal interpuesta por Sala de Fiestas La Bella Época contra dos técnicos del Ayuntamiento de Telde.
Tras meses de expedientes administrativos y cierres polémicos, el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Telde ha admitido a trámite la querella criminal presentada por la empresa propietaria contra dos técnicos municipales.
La admisión a trámite de la querella criminal, contra los técnicos municipales, A. Alemán y B. Santana por un presunto delito de prevaricación administrativa, marca un giro importante en el conflicto judicial que mantienen la Sala de Fiestas La Bella Época y el Ayuntamiento de Telde.
La empresa propietaria (Macrodisco Show SL) alega que los técnicos municipales actuaron de forma arbitraria, su abogado alega:
- Prevaricación administrativa: Argumentan que el precinto realizado en marzo de 2025 se basó en un expediente que ya estaba caducado o que había sido dejado sin efecto por un decreto anterior (del 5 de marzo de 2025).
- Daños y perjuicios: Reclaman que el cierre forzado les ha causado graves pérdidas económicas y un daño reputacional irreparable.
- Actuación «de oficio»: Sostienen que los técnicos ejecutaron la clausura sin el conocimiento directo del concejal de Urbanismo, saltándose presuntamente el procedimiento legal.
Es evidente que, desde la perspectiva de la propiedad de La Bella Época, lo que el Ayuntamiento define como «disciplina urbanística» se percibe como una campaña de hostigamiento sistemático.
Cuando una administración decide mantener la presión administrativa y técnica a pesar de tener una querella admitida a trámite contra sus propios funcionarios, la situación entra en un terreno legal muy pantanoso.
Ahora el juez deberá determinar si el Ayuntamiento actuó legalmente para proteger a los vecinos o si, por el contrario, los funcionarios públicos cometieron un abuso de poder al cerrar el establecimiento.
Posibles consecuencias para el Ayuntamiento
Si el Juzgado de Instrucción n.º 2 determina que hubo irregularidades en la actuación municipal, el Ayuntamiento de Telde podría enfrentarse a:
Responsabilidad Patrimonial: El pago de indemnizaciones millonarias por lucro cesante (el dinero que la sala dejó de ganar durante los cierres).
Nulidad de actuaciones: Todos los expedientes abiertos tras la supuesta prevaricación podrían ser anulados.
