Anticorrupción sitúa el desvío del dinero público entre 2015 y 2022, años en los que la edil dirigió el área de Servicios Públicos. El fiscal considera que se ejecutó un fraude contable sistemático en el suministro de agua para el riego de jardines municipales.
Desde que la Guardia Civil dio con indicios de cohecho en Parques y Jardines, juez y fiscal se han movido rápido para cerrar el círculo sobre los posibles responsables de la trama. El penúltimo capítulo de esta pieza separada del caso Valka es Inmaculada Medina Montenegro, actual concejala de gobierno del Área de Servicios Públicos y Carnaval, gerente de la Sociedad de Promoción y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Medina es la mujer de los votos en la capital grancanaria, un peso pesado en la estructura del PSOE local, como acredita su presencia y continuidad en el gobierno de Carolina Darias.
Gozó, además, de amplios poderes en los dos mandatos anteriores, con Augusto Hidalgo de alcalde, sobre cuya etapa recae ahora el peso de la justicia para determinar si la concejala actuó de manera concertada en el saqueo de las arcas municipales. Concertada con «técnicos» y «empresarios», claro, porque lo sucedido entre 2015 y 2022 es un «expolio», destaca el fiscal Javier Ródenas en un nuevo informe.
Vínculos
El documento, de 24 páginas, se centra en la gestión de Parques Jardines, donde Medina tenía como mano derecha a Miguel Ángel Padrón, entonces jefe del servicio y socio del empresario Felipe Guerra, quien, a su vez, recibía adjudicaciones municipales y financiaba un complejo de viviendas vacacionales construido por Padrón en La Palma.
Los vínculos entre Guerra y Padrón, que ha sido suspendido tres años de empleo y sueldo por el Ayuntamiento, son de un informe anterior. Ahora lo que hace Anticorrupción es centrarse en el papel de Medina en la supuesta trama delictiva.
Y es que la Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción nº 2 que interrogue a la concejala por cuatro delitos: malversación, falsedad en documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración. La malversación de caudales públicos, además, es agravada, por encima de los 250.000 euros.
El dictamen de Anticorrupción sitúa a Medina al mismo nivel de responsabilidad penal que Padrón, el funcionario Sergio González Cubas y el empresario Felipe Guerra, dueño de Guerra Patrimonial FGG SL, empresa que financió las viviendas turísticas de Padrón. Su poder de decisión, sin embargo, es superior al resto.
Estas son las principales conclusiones del fiscal sobre su actuación:
Trama corrupta continuada
Anticorrupción sitúa el desvío del dinero público entre 2015 y 2022, años en los que la edil dirigió el área de Servicios Públicos. El fiscal considera que se ejecutó un fraude contable sistemático en el suministro de agua para el riego de jardines municipales.
En esos siete años años, detalla la Fiscalía, “se configuró un mecanismo de desvío sistemático de fondos públicos con apariencia de legalidad administrativa”, señalando que Medina firmaba facturas falsas junto a los técnicos responsables, sin comprobar consumos reales.
Sobrecostes
Todas las facturas emitidas entre abril de 2015 y noviembre de 2022 fueron validadas por Medina como concejala responsable, sin lectura de contadores ni verificación técnica, lo que simulaba un servicio prestado muy superior al realmente ejecutado.
El Ministerio Fiscal precisa que los documentos de pago se confeccionaban con datos inventados para ajustarse “al céntimo” al crédito anual disponible. Se trata de una maniobra contable «dolosa» para agotar los 250.000 euros del presupuesto municipal sin respaldo técnico.
Actuación decisiva
Medina era la autoridad competente que aprobó los pagos, firmando resoluciones y decretos sin justificación material de consumo.
Su firma “dotaba de apariencia de legalidad a documentos falsos”, y por tanto, según Anticorrupción, fue indispensable para consumar la distracción de fondos públicos. Su conducta es «decisiva» al participar en el acto administrativo que hace posible «el pago indebido de fondos públicos”, añade la Fiscalía.
Coordinación delictiva
La Fiscalía describe una trama concertada entre Medina, los técnicos municipales y el empresario adjudicatario para inflar consumos, falsificar certificaciones y justificar pagos indebidos.
Entre los indicios detectados destacan la elaboración de certificaciones mensuales falsas sin lectura de contadores, la autorización de pagos por consumos inexistentes o exagerados y el cobro de sobreprecios con apariencia de legalidad. Todo lo supervisaban los técnicos Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas, firmando luego Medina las facturas y los decretos de pago.
Dato revelador
Un dato que el fiscal considera “objetivamente concluyente” es que la facturación cayó drásticamente a niveles de 2012, esto es, previos a la trama. Esto ocurrió porque Medina dejó de intervenir en la firma de facturas y se implantó la lectura real de contadores en diciembre de 2022.
“Cuando se aplicó la ley, cesó el fraude”, recoge el informe de Fiscalía. Esto se produjo con el cambio de gobierno y la entrada de nuevos gestores en Parques y Jardines, entre ellos la concejala Gemna Martínez Soliño, que pertenece a Podemos y forma parte del tripartido que ha dirigido la ciudad desde hace tres mandatos, primero con Hidalgo y ahora con Darias.
Martínez está propuesta como testigo junto a otros funcionarios.
Perjuicio e intencionalidad
El informe cuantifica el daño causado en más de 400.000 euros, resultado de una sobrefacturación del 70 % sobre los consumos reales.
Sostiene el fiscal que la práctica “no puede atribuirse a error administrativo”, sino a una “planificación consciente y continuada” destinada a beneficiar a la empresa adjudicataria a costa del erario público.
Responsabilidad decisiva
El diseño técnico del fraude partió de los funcionarios Padrón y González Cubas, pero sin la firma de Medina no se habría podido ejecutar el desvío de fondos, que afectan a los contratos administrativos 324/20C (Riego Barrios) y 220/19C (Tomaderos), adjudicados a la mercantil Guerra Patrimonial, representada por Felipe Guerra, para el suministro de agua destinada al riego de parques y jardines municipales.
En resumen, las prestaciones se certificaron sin verificación técnica ni contable del suministro real de agua, lo que constituye una «vulneración directa y flagrante de la Ley de Contratos del Sector Público”, destaca el fiscal.
A su juicio, «la responsabilidad de los implicados aparece por su conjunta, concertada y decisiva participación en un entramado orientado a justificar contablemente los pagos indebidos y agotar las partidas presupuestarias.” atlanticohoy.com
