ASBA sostiene que las facturas pendientes del pasado no implicaban mala situación económica. Pero ahora advierte que los casi 1,9 millones en facturas del ejercicio 2025 pueden generar una situación “insostenible”. Si las facturas fuera de aplicación no eran un problema antes, ¿por qué lo son ahora?
En menos de un mes, ASBA-Primero Canarias ha demostrado que su criterio económico e institucional cambia según esté en el gobierno o en la oposición. No es una interpretación. Es una comparación literal de sus propias declaraciones.
Y la contradicción es evidente.
El 21 de enero, ASBA acusó al nuevo gobierno de dejar al Ayuntamiento sin tesorero habilitado nacional, presentándolo como una irresponsabilidad que ponía en riesgo la estabilidad económica y la seguridad jurídica.
El 12 de febrero reconocen que el funcionario ya había manifestado previamente su intención de trasladarse y que durante su etapa no se puso obstáculo a esa decisión.
Entonces, ¿fue una negligencia del nuevo gobierno o una decisión personal conocida con antelación? No se puede fabricar una crisis institucional sobre una situación que previamente se asumía como normal.
ASBA afirma que el Ayuntamiento no tenía deudas y que las facturas pendientes no eran más que trámites administrativos.
Sin embargo, reconocen que fue necesario aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito por 1,8 millones de euros.
Un reconocimiento extrajudicial no es un trámite menor. Es la regularización de gastos que no estaban correctamente aplicados al presupuesto. Es admitir que existían obligaciones fuera del procedimiento ordinario.
No era deuda bancaria. Pero sí era un problema presupuestario. Negarlo no lo hace desaparecer.
ASBA sostiene que las facturas pendientes del pasado no implicaban mala situación económica. Pero ahora advierte que los casi 1,9 millones en facturas del ejercicio 2025 pueden generar una situación “insostenible”.
Si las facturas fuera de aplicación no eran un problema antes, ¿por qué lo son ahora?
O son un síntoma de mala gestión siempre. O no lo son nunca. El criterio no puede depender de quién firme el decreto.
En enero el Ayuntamiento estaba en riesgo porque faltaba un habilitado nacional.
En febrero, cuando se nombran nuevos responsables, se cuestiona su validez por ser interinos de lista de reserva.
Si no hay habilitado, es un escándalo. Si lo hay, tampoco sirve.
ASBA intenta instalar que no había problema económico y que todo estaba bajo control. Pero los hechos que ellos mismos reconocen desmienten ese relato.
El problema no es administrativo. Es de credibilidad.
Y la credibilidad no se recupera ajustando el relato cada tres semanas.
Manuel Afonso: Colaborador de análisis político
