El Pleno da luz verde a la implantación de vivienda protegida de promoción pública en 11 parcelas municipales que suman cerca de 60.000 metros cuadrados

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes, en su sesión ordinaria del mes de junio, el cambio de uso de 11 parcelas de suelo público municipal actualmente calificadas como dotacionales para destinarlas a vivienda protegida de promoción pública. Esta actuación permitirá desarrollar, según las estimaciones técnicas, más de 1.800 viviendas públicas, una cifra que podría alcanzar las 2.000 en función de las características de las futuras promociones.

El acuerdo se sustenta en el ‘Estudio de suelo público susceptible de acoger vivienda protegida’, elaborado por la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA), que identifica suelos municipales aptos para acoger promociones públicas de vivienda al amparo de lo previsto en los artículos 4 y 4 bis del Decreto-ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha destacado que «con este acuerdo damos un paso decisivo para responder a la emergencia habitacional y ampliar el parque público de vivienda de la ciudad. Los estudios realizados estiman que estos suelos podrán hacer posible la construcción de más de 1.800 viviendas protegidas, una cifra que podría alcanzar las 2.000 en función del desarrollo de los proyectos».

La propuesta aprobada definitivamente contempla 11 suelos municipales distribuidas en los barrios de Tamaraceite, Las Torres, El Batán, Casablanca III, San Lázaro y La Minilla, con una superficie total de 59.767,98 metros cuadrados. El documento sometido inicialmente a información pública analizaba 12 suelos con una superficie superior a los 65.000 metros cuadrados, si bien la propuesta ha sido ajustada tras el análisis de las alegaciones presentadas.

Por ámbitos, Tamaraceite concentra la mayor superficie, con dos parcelas (n.º 1189 y 1185) que suman 28.376,32 metros cuadrados. En este barrio, la propuesta inicial incluía cinco parcelas, si bien finalmente se han excluido la n.º 1306, de uso administrativo, y dos parcelas de uso educativo tras el análisis técnico de las alegaciones.

En Las Torres se incorporan dos parcelas (n.º 1069 y la unión de las n.º 1962-2304), con una superficie conjunta de 15.736,91 metros cuadrados. En Casablanca III se incluyen dos parcelas (n.º 2207 y 1541), que suman 6.766,23 metros cuadrados. En El Batán se contemplan dos parcelas (n.º 635 y 645), con una superficie total de 4.369,21 metros cuadrados.

En San Lázaro se destinan dos parcelas (n.º 184-1997 y 183), que aportan 2.849,61 metros cuadrados al conjunto. En La Minilla se mantiene una única parcela (n.º 832), con 1.669,70 metros cuadrados, en un ámbito en el que el análisis técnico constata un nivel de dotación cultural superior al estándar de referencia, lo que justifica la compatibilidad del cambio de uso.

El expediente fue sometido a información pública durante siete días hábiles a finales del pasado mes de marzo, conforme al procedimiento previsto en el Decreto-ley 1/2024, con el objetivo de facilitar la puesta a disposición de suelo destinado a vivienda protegida. Durante este periodo se presentaron más de 200 alegaciones por parte de particulares, comunidades de propietarios, asociaciones vecinales y otras entidades.

Todas las alegaciones han sido analizadas e informadas técnicamente por GEURSA y por el Servicio de Urbanismo municipal. Como resultado, el Ayuntamiento ha estimado parcialmente dos alegaciones relativas a parcelas de Tamaraceite y, consiguientemente, ha excluido la posibilidad de destinar a vivienda pública una de las parcelas ubicadas en el citado barrio.

El resto de las alegaciones han sido desestimadas al considerar los informes técnicos que las parcelas seleccionadas cumplen los requisitos establecidos en la normativa autonómica y que su incorporación al programa no compromete las necesidades dotacionales de los barrios afectados.

Entre las cuestiones planteadas durante la fase de información pública figuran aspectos relacionados con el mantenimiento de usos dotacionales, el equilibrio urbanístico, posibles afecciones ambientales y paisajísticas y la suficiencia de equipamientos públicos. Los informes técnicos concluyen que las parcelas son aptas para el desarrollo de vivienda protegida y que las actuaciones futuras deberán ajustarse a la normativa sectorial aplicable.

El acuerdo establece, además, que los cambios de uso se incorporarán al planeamiento general municipal en la primera modificación sustancial del vigente Plan General de Ordenación