A juicio de la portavoz del Partido Popular, Jimena Delgado, existía un posible conflicto de interés al compatibilizar dicho cargo con la titularidad de una empresa que contrataba importes millonarios con la propia entidad pública. Esta situación fue incorporada por el Partido Popular en el segundo de los tres escritos que presentó ante la Fiscalía el pasado año
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, asegura que la renuncia de una consejera de la Sociedad de Promoción, tras haber denunciado su formación política ante la Fiscalía Anticorrupción que contrató 1,3 millones de euros con la empresa pública entre 2022 y 2024, es un paso “en la dirección correcta” y recuerda que, según el PP, esta decisión confirma la gravedad de las presuntas irregularidades que viene advirtiendo desde hace más de un año.
A juicio de los populares, existía un posible conflicto de interés al compatibilizar dicho cargo con la titularidad de una empresa que contrataba importes millonarios con la propia entidad pública. Esta situación fue incorporada por el Partido Popular en el segundo de los tres escritos que presentó ante la Fiscalía el pasado año.
El PP sostiene que la alcaldesa Carolina Darias conocía estos hechos desde el año pasado y que, pese a ello, los ha consentido durante todo este tiempo. Por ello, los populares le piden “una reflexión y la adopción inmediata de decisiones políticas que permitan depurar responsabilidades y restituir la confianza en la gestión de la Sociedad de Promoción”.
Delgado-Taramona recuerda además que durante este periodo han recibido descalificaciones y presiones por sus denuncias. La propia alcaldesa llegó a afirmar públicamente que “esta investigación quedaría en nada” y que el contenido de los escritos presentados por el Grupo Popular era falaz. “El tiempo empieza a darnos la razón”, señala, subrayando que el trabajo realizado para destapar lo que ocurría en la Sociedad de Promoción está empezando a dar frutos.
El Grupo Popular advierte de que lo sucedido no es, ni mucho menos, lo más grave de lo denunciado. A juicio del PP, podría existir una red de empresas que, en connivencia con la Sociedad de Promoción, se habría estado beneficiando de manera sistemática de adjudicaciones públicas. “Habrá que ver si la Fiscalía llega a la misma conclusión que nosotros”, apuntan, reiterando su respeto a la investigación en curso y al principio de presunción de inocencia.
Bajo los gobiernos del PSOE la Sociedad de Promoción ha doblado su presupuesto hasta alcanzar los 20 millones de euros. Los populares añaden que el anterior gerente de la entidad llegó a declarar que se realizaron contrataciones sin control por orden directa de Inmaculada Medina y Encarna Galván. Igualmente, sostienen que el Ayuntamiento se ha visto obligado a cubrir año tras año los desfases presupuestarios de la Sociedad de Promoción y que en 2023 todo el segundo semestre se programó sin respaldo presupuestario, con conocimiento de la alcaldesa.
“El modus operandi sigue vigente. Confiamos en el trabajo riguroso de la Fiscalía y muestra del avance de las diligencias es que la UDEF ha acudido en varias ocasiones a la sede de la Sociedad de Promoción, la última a principios de este mismo mes”, añade la portavoz del PP, de acuerdo con lo publicado por diversos medios de comunicación.
En consecuencia, el PP exige a la alcaldesa Carolina Darias que “deje de mirar hacia otro lado” y adopte decisiones políticas “de manera inmediata”. La primera de ellas, reiteran, debe ser apartar a Inmaculada Medina de la dirección política de la Sociedad de Promoción. “No puede seguir tolerándose esta deriva en una sociedad pública que gestiona millones de euros de todos los ciudadanos”, afirman.
El Grupo Popular concluye que seguirá trabajando, pese a presiones que consideran intolerables —como el recorte salarial a sus concejales, paralizado en el juzgado—, para defender la legalidad, la transparencia y el interés general en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Al mismo tiempo, reitera su confianza en que la investigación continúe su curso con todas las garantías y en que se esclarezcan los hechos en beneficio de los vecinos.