En esta reciente resolución, la Audiencia de Las Palmas ratifica el sobreseimiento provisional decretado por el Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana y advierte de que ya no se pueden presentar más recursos

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha confirmado el archivo de la causa seguida contra el exalcalde de San Bartolomé de Tirajana Marco Aurelio Pérez (Agrupación de Vecinos- Partido Popular)  por un presunto delito de prevaricación en el nombramiento en tres actos, entre 2013 y 2016, de Isidro Armas, actual jefe de la Policía Local de este municipio turístico del sur de Gran Canaria.

En un auto notificado a las partes el pasado miércoles, la Sección Primera del órgano provincial, con la magistrada Mónica Herreras como ponente, sostiene que en ese procedimiento se pudieron cometer irregularidades e, incluso, “una actuación contraria a la legalidad administrativa”, pero entiende que la actuación del regidor sureño, que en la actualidad ejerce como portavoz del PP en la oposición en el Cabildo de Gran Canaria, no puede ser calificada de “arbitraria” y que, por tanto, no se le puede achacar responsabilidad penal. 

En esta reciente resolución, la Audiencia de Las Palmas ratifica el sobreseimiento provisional decretado por el Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana y advierte de que ya no se pueden presentar más recursos. Sin embargo, el abogado del denunciante, Juan Manuel Pérez, ha presentado este viernes un escrito ante el órgano provincial en el que discrepa con esa aseveración incluida en la parte final del auto y anuncia la interposición de un recurso de casación ante el Supremo. Para ello, alude al artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estipula que podrán impugnarse los autos definitivos dictados “en primera instancia y en apelación por las audiencias provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando suponga la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre”. Una circunstancia que, a su juicio, concurre en este caso.

El primer nombramiento de Isidro Armas como comisario de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana se produjo el 1 de marzo de 2013. Lo anunció el entonces alcalde, Marco Aurelio Pérez, durante la celebración de un pleno y después de que un concejal de la oposición le preguntara ante los rumores que habían comenzado a circular al respecto. Esa designación inicial, tramitada por la vía de urgencia, se hizo a través de una comisión de servicios solicitada por el propio Armas, que pertenece a la Policía Nacional, cuerpo del que es inspector y en el que estaba adscrito a la Brigada de Seguridad Ciudadana. 

Durante su intervención en esa sesión plenaria, Pérez defendió que había dos informes -firmados por el mismo funcionario, Antonio Muñiz, uno en calidad de jefe de Recursos Humanos y otro, de secretario accidental- que avalaban la adscripción del actual comisario a la plaza (vacante desde hacía seis años) en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consistorio. 

Esta actuación fue denunciada por José Luis Herrera, comisario de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana y presidente de la Asociación de Jefes y Subjefes de las Policías Locales de Las Palmas (Ajepol) y por tres subinspectores que alertaron de que ese nombramiento era irregular, puesto que los funcionarios de cuerpos de la Administración General del Estado no pueden ocupar puestos en la Policía Local en comisión de servicios.

Ante el revuelo generado, Marco Aurelio Pérez revocó ese nombramiento 35 días después. En su declaración como investigado en sede judicial, dijo que lo hizo por “las presiones recibidas”, pero no porque creyera que se hubiera cometido una irregularidad. También el comisario lo achacó a la repercusión mediática. Tras el cese, el alcalde designó a Armas como asesor, como cargo de confianza, y le asignó un sueldo superior a los 60.000 euros al año, equivalente al de un funcionario A1, el de máxima categoría dentro del escalafón. 

El tercer nombramiento tuvo lugar tras un concurso oposición al que concurrieron otros ocho candidatos y que también fue cuestionado por el procedimiento selectivo elegido. Para cubrir la plaza de comisario, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana optó por un concurso de turno libre (al que se podían presentar candidatos de otros cuerpos) en vez de por promoción interna (restringido a los funcionarios de la Policía Local del municipio sureño). Fueron varias las voces que advirtieron de que esto contravenía la Ley 2/2008, de 28 de mayo, de la Policía Canaria, que recoge que se debe utilizar el procedimiento de promoción interna para dar cobertura a la plaza de comisario, tanto en el cuerpo autonómico como en los municipales. Entre otras, la del entonces director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Juan Manuel Santana, que precisó en un informe que era esa la normativa que debía aplicarse en ese proceso selectivo.