En la actualidad más del 70 porciento de la plantilla carece de algunos de los equipos de protección individual para actuar con todas las garantías en emergencias como los incendios en vivienda, las actuaciones técnicas de rescate, los incendios forestales y de interfase, etc
Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, dependiente del Cabildo de la isla, están en una situación extrema por la falta de equipos de protección individual, el grave problema de averías de camiones con veinte años de antigüedad y la carencia de procedimientos operativos, requeridos por la Inspección de Trabajo, pero que, por la falta de dotaciones mínimas, es imposible de implementar.
Los casi 230 efectivos del servicio repartido en siete parques en la isla de Gran Canaria están siendo sometidos a una presión que les hace temer por sus propias vidas y por la calidad del servicio que prestan a la ciudadanía. En la actualidad más del 70 porciento de la plantilla carece de algunos de los equipos de protección individual para actuar con todas las garantías en emergencias como los incendios en vivienda, las actuaciones técnicas de rescate, los incendios forestales y de interfase, etc.
Falta de botas, chaquetas y guantes
Es raro el funcionario que no le falte algún equipo de protección, como pueden ser botas y chaqueta de intervención forestal, guantes de trabajo o que tienen equipos de actuación de incendios en vivienda en un deterioro extremo el cual no debería ser usado en estas condiciones. Son innumerables las denuncias ganadas por los bomberos en los juzgados en los últimos dos años y que obligan al Consorcio de Emergencias a entregar estos equipos de protección pero, sin embargo, siguen sin ejecutar las sentencias porque tanto el Cabildo de Gran Canaria como el propio Consorcio de Emergencias, son incapaces de acelerar los procesos de compras y adquisición por la lentitud con la que estas administraciones actúan en las acciones burocráticas y el resultado es que hasta dentro de un año y pico o dos, no se podrá contar con estos equipos de protección en su totalidad.
Incluso hay bomberos que llevan casi un año esperando que el Consorcio les haga entrega de un equipo de actuación de incendios en vivienda u otros que se han tenido que traer sus equipos de intervención de otras administraciones para poder realizar sus labores en el Consorcio de Gran Canaria, ambas cuestiones totalmente en contra de la ley de prevención que ya han sido denunciadas.
Lo mismo sucede con los camiones de bomberos que están continuamente en talleres por la antigüedad del parque móvil. Así, de los ocho camiones de primera intervención que deben estar en los parques operativos, solo hay tres en funcionamiento y los otros cinco están averiados o en talleres. El parque móvil, con veinte años de antigüedad, está corriendo la misma suerte que los equipos de protección, y es que hasta dentro de dos años no se entregarán los nuevos vehículos y, mientras esto suceda, la situación de falta de equipos de protección y vehículos de emergencia en optimas condiciones está llevando al servicio de bomberos al colapso operativo que urge de una solución inmediata para este mismo verano y no esperar el año y medio o dos, de entrega de estos materiales y recursos tan necesarios. Los bomberos están solicitando que se busque una solución intermedia dado que esta exposición a riesgos solo genera más accidentes y una merma en la prestación del servicio que por ejemplo no garantiza la actuación operativa en optimas condiciones en caso de incendios forestales y de interfase o incendios en vivienda rutinarios.
Sin dotaciones mínimas, plantilla envejecida y sin relevos generacionales
En doce años se empieza a jubilar el 35% de la plantilla del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, y es que la media actual es de 47 años. Esto significa que si, de manera urgente, no se adoptan medidas y se inician ya los procesos selectivos de bomberas y bomberos de nuevo acceso, la plantilla del Consorcio sufrirá drásticas pérdidas de personal que hacen peligrar el servicio a un punto que no se puede permitir y que incluso pueden significar el cierre de parques de manera estructural.
De ahí que los representantes de los trabajadores insistan en que, de una vez por todas, se defina las dotaciones mínimas ordinarias que debe haber cada día por parque y que además son obligatorias para establecer las instrucciones de trabajo, el plan de rescate y, con ello, iniciar un proceso paulatino de incorporación de personal de nuevo acceso con oposiciones a partir de 2023 y que cada tres años se siga produciendo la incorporación de nuevo personal. Solo así podremos garantizar que en estos doce años se baje la edad media de la plantilla y garantice el relevo generacional y que el servicio no se vea afectado por el déficit de personal.