Además del perjuicio económico para la institución, esta circunstancia ha causado malestar entre los propios agentes de la Policía Local que han comprobado que a lo largo de estos meses las multas y sanciones que han iniciado no han tenido recorrido administrativo y se han dejado vencer

El Ayuntamiento de Telde estuvo casi un año sin cobrar las multas que los agentes de la Policía Local imponen a los ciudadanos que incumplen las diferentes normativas porque no contaba con un instructor que diera recorrido a la tramitación de estas sanciones. Ahora, ha encargado a una trabajadora municipal que asuma esta responsabilidad compaginándola con la labor propia de su puesto.

Esta circunstancia ha supuesto una importante pérdida de ingresos a las arcas municipales si se tiene en cuenta de que la recaudación media mensual por sanciones ronda los 70.000 euros, según han informado a este periódico fuentes municipales. Durante los primeros meses sin instructor, no obstante, sí se logró ingresar cantidades que rondaban los 30.000 euros gracias al trabajo que se había realizado durante los meses anteriores.

Además del perjuicio económico para la institución, esta circunstancia ha causado malestar entre los propios agentes de la Policía Local que han comprobado que a lo largo de estos meses las multas y sanciones que han iniciado no han tenido recorrido administrativo y se han dejado vencer.

En ese sentido, explican las fuentes consultadas, las multas por infracciones leves prescriben a los tres meses, y las que han sido impuestas por infracciones graves o muy graves, a los seis. Preguntado por este asunto, el gobierno local no ha precisado la cantidad de multas que se han vencido ni el número de las sanciones impuestas y que podrían salvarse.

Las únicas que se han cobrado son aquellas que han sido abonadas de forma voluntaria por las personas multadas que optan por el mecanismo conocido como ‘pronto pago’ para beneficarse de un descuento del 50% de la cantidad impuesta.

El pasado mes de julio, la concejala de Recursos Humanos, Carmen Batista, apoyándose en una providencia de Alcaldía, firmó una decreto para «atribuir temporalmente las funciones como instructora de expedientes sancionadores en materia de tráfico, compaginándolo con su actual puesto de trabajo, dada la situación coyuntural y la necesidad urgente del desempeño de las mismas». La Provincia-Dlp (Esther Medina)