El alcalde, denunciado por un posible delito de malversación, «desconoce» un informe negativo previo de 2021 cuando gobernaba

Los pagos de productividad a los empleados en la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía -Ateneo Municipal- han abierto una brecha política en el Ayuntamiento de Santa Lucía. El alcalde Francisco García, el primer teniente de alcalde, Julio Ojeda y la edil Ofelia Alvarado han sido denunciados por un presunto delito de malversación. El Juzgado que instruye las Diligencias Previas analiza la existencia de posibles pagos irregulares, incrementos salariales sin cobertura legal y un acuerdo posterior que podría haber consolidado retribuciones declaradas «ilegales» por la propia Intervención General Municipal en un informe de 2021, cuando el actual regidor ya formaba parte del gobierno local en coalición NC-Fortaleza en 2020.

En un comunicado, García considera «una artimaña política del PP-AV» la denuncia y destaca que el primer pago se hizo sin tener un informe contrario de Intervención.

Son datos que se contradicen que en estos momentos dirimirá en la Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé, que tramita la denuncia, y que fue elevada igualmente al Tribunal de Cuentas. Se remite al tramo de diciembre de 2023 y julio de 2024, cuando la Comisión Paritaria habría adoptado acuerdos para justificar el «abono irregular» de 3.134.000 euros en concepto de productividad, acumulados desde 2019, al personal de la entidad pública. De momento se han pagado 534.000 euros, que ahora deberán reembolsar los empleados en enero.

Los empleados deberán devolver el ingreso por concepto de productividad el próximo mes de enero

La investigación afecta también a miembros del Consejo de Administración, representantes del Comité de Empresa y al asesor jurídico externo de la antigua sociedad pública Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A., actualmente en proceso de transformación en el Organismo Autónomo Ateneo Municipal de Santa Lucía de Tirajana.

García se mostró ayer «absolutamente tranquilo». «Creo en la Justicia y todo lo relacionado con este asunto se hizo dentro del convenio con los representantes sindicales y en un acuerdo extrajudicial cuando no se había recibido en el Ateneo Municipal ningún informe en contra de la Intervención Municipal», señaló. El alcalde dijo que «cuando entró en vigor el convenio colectivo nosotros estábamos en la oposición, como no se cumplía el convenio los trabajadores presentaron una denuncia en el juzgado, y el Ayuntamiento logró un acuerdo extrajudicial con los trabajadores para pagar los complementos recogidos en el convenio». García aclara que «cuando realizamos el primer pago de esa productividad en enero de 2025 en el Ateneo Municipal no había ningún informe en contra de la Intervención Municipal, el informe de Intervención se presentó el 31 de julio de 2025, después de realizarse el pago».

García entró en el grupo de gobierno con NC y Fortaleza en 2020, y el documento de Intervención es de 2021

Tras la presentación del informe de Intervención General considerando que «el abono de ese complemento es un pago indebido», el Consejo de Administración del Ateneo Municipal acordó solicitar a los trabajadores el reintegro del abono. Tras lo cual, los trabajadores presentaron una demanda para pedir que se respeten esos pagos y el convenio colectivo. El alcalde niega que pagaran los servicios jurídicos a un abogado.

Además de afirmar que Francisco García estaba ya en el gobierno en esas fechas, la denuncia sostiene que la causa se reactiva tras acceder al informe de la Intervención General Municipal fechado el 3 de mayo de 2021, incorporado al testimonio del procedimiento de conflicto colectivo 991/2021. Ese documento -localizado por primera vez en este proceso- analiza las nóminas de 2018, 2019 y 2020 y detalla abonos sin respaldo legal: pluses de responsabilidad, diferencia técnica, penosidad y dietas de transporte sin cobertura normativa.

La Intervención General concluye que existe evidencia suficiente de que se aplicó el incremento pactado en el Convenio Colectivo «de forma encubierta», pese a que dichos incrementos exceden manifiestamente los límites establecidos por la normativa presupuestaria y de estabilidad financiera aplicable. Formula un «reparo suspensivo» contra los abonos de estos incrementos y requiere que se inicie el procedimiento para que se declare su nulidad de pleno derecho, así como el reintegro de los pagos.

Según la información incluida en la demanda, los miembros de la Comisión Paritaria, junto al asesor jurídico, conocían el informe de Intervención y, aun así, acordaron el 1 de diciembre de 2023 un sistema de abonos con cargo a fondos públicos para los ejercicios 2019-2023. La acusación afirma que este acuerdo se adoptó «a sabiendas de su ilegalidad» y pese a que esas retribuciones ya habían sido previamente aplicadas «de forma encubierta».laprovincia.es