La cronificación de los reconocimientos de crédito para esquivar la Ley de Contratos sitúa a los concejales del gobierno en la diana del Tribunal de Cuentas

El Ayuntamiento de Telde celebra este viernes 29 de mayo a las 9:00 horas, un Pleno ordinario donde una vez más se enfrenta a un escenario de vulnerabilidad administrativa y asfixia financiera debido a la cronificación de los Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (REC) como método habitual de gestión.

La gestión económica del Ayuntamiento de Telde ha entrado en una deriva insostenible. Lo que el marco legal del Estado define taxativamente como una vía excepcional y de urgencia, los Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (REC), se ha convertido en la «marca de la casa» y en el modus operandi habitual de un grupo de Gobierno incapaz de sacar adelante los pliegos de contratación y los presupuestos municipales en tiempo y forma.

Mes tras mes, el Pleno municipal se transforma en un mero trámite de «lavado de cara» para autorizar el pago de millones de euros en facturas irregulares, correspondientes a contratos ya caducados o directamente inexistentes, de suministros tan básicos como el alumbrado, la limpieza o el mantenimiento urbano.

Lo que la legislación estatal concibe de forma estricta como una herramienta de «extrema urgencia y excepcionalidad» para evitar el enriquecimiento injusto de la administración, se ha convertido en el consistorio teldense en la vía ordinaria para hacer frente al pago de servicios públicos esenciales.

Desprecio sistemático a las alertas de Intervención

El aspecto más grave de esta dinámica es el absoluto desprecio a los mecanismos de control interno de la administración. Prácticamente el 100% de estos expedientes llegan al pleno con un informe de reparo suspensivo de la Intervención. El técnico municipal advierte de forma rotunda que se está vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público de manera deliberada.

Sin embargo, el alcalde y sus concejales no dudan en utilizar su mayoría para «levantar el reparo» de manera sistemática. Esta práctica, según recuerdan fuentes jurídicas de la oposición, roza la línea roja de la prevaricación administrativa, ya que se están adoptando resoluciones contrarias a derecho a sabiendas de su ilegalidad, cronificando un fraude de ley que vacía de contenido la libre concurrencia de empresas.