Los portavoces del Partido Popular (PP) de Santa Brígida, Martín Sosa, y del grupo municipal Plataforma Vecinal Por Santa Brígida-Coalición Canaria (PVxSB), Armando Umpiérrez, han solicitado que, de confirmarse la ilegalidad, se proceda de inmediato a la suspensión cautelar de las obras y se incoen los expedientes sancionadores correspondientes
El Partido Popular de Santa Brígida y el grupo municipal de Plataforma Vecinal Por Santa Brígida-Coalición Canaria (PVxSB-CC) han registrado formalmente una solicitud ante el Ayuntamiento de Santa Brígida para que se investigue unas obras presuntamente ilegales en un inmueble ubicado en el Camino del Ancón, dentro del Paisaje Protegido de Tafira, y que están siendo ejecutadas por una concejal del grupo de gobierno en su vivienda particular.
Según la información recabada por vecinos de la zona, trasladada a los representantes de la oposición, y constatada visualmente, las obras consisten en la ampliación en altura de la vivienda, sin que se haya podido verificar la existencia de licencia urbanística ni autorización ambiental o sectorial alguna, requisitos exigidos por la Ley 4/2017, de Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias y por el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
“El inmueble se encuentra en suelo rústico de protección ambiental” informan los portavoces de ambas formaciones, “donde la edificación está prohibida salvo contadas excepciones”. La actuación denunciada podría constituir una infracción urbanística muy grave, al alterar el paisaje protegido sin autorización expresa.
En el ejercicio de su labor fiscalizadora como oposición, Martín Sosa y Armando Umpiérrez, han solicitado “que se proceda de inmediato a la suspensión cautelar de las obras, que se realice una inspección urgente del inmueble por parte de técnicos municipales, así como incoar los expedientes sancionadores correspondientes, en caso de confirmarse la ilegalidad. Además, hacen hincapié en que se permita al grupo popular y a PVxSB-CC personarse como interesados en el expediente con pleno acceso a la documentación”.
Ambas formaciones consideran inaceptable que “un miembro del grupo de gobierno pueda estar vulnerando de forma flagrante la normativa urbanística y ambiental, y exigen transparencia, responsabilidad política e igualdad ante la ley”, concluyeron.
