La sospecha es que estos asesores no solo estarían presentes en actos organizados por CIUCA, sino que participarían de forma activa en labores impropias de su puesto: desde controlar accesos y desempeñar tareas propias de portería, hasta colaborar en la logística más básica de los eventos. Dicho de otro modo, se les estaría utilizando no como personal de asesoramiento político, sino como una especie de estructura paralela al servicio del gobierno local

La controversia política en el Ayuntamiento de Telde ya no gira solo en torno a la organización de actos públicos o a la gestión del Carnaval. El foco empieza a situarse, cada vez con más intensidad, sobre una cuestión mucho más delicada, el papel real que desempeñan los asesores vinculados a CIUCA en la maquinaria municipal y el riesgo de que estén ocupando espacios que no les corresponden.

Las dudas no son menores. Según las críticas planteadas desde la oposición y los rumores persistentes en dependencias municipales, varios asesores habrían asumido funciones impropias de su condición de personal eventual. La imagen que ha terminado de encender la polémica fue la de algunos de ellos durante la cabalgata de Carnaval, portando escarapelas del Ayuntamiento de Telde y utilizando walkie-talkies, como si formasen parte del dispositivo del Plan de Seguridad (existen evidencias gráficas). La escena, además de llamativa, abre una pregunta de fondo: ¿Qué hacía exactamente personal de confianza política desempeñando tareas que aparentan ser operativas, organizativas o incluso de control en un evento público?

No se trata de un episodio aislado, según denuncian voces de la oposición y trabajadores que conocen el día a día municipal. La sospecha es que estos asesores no solo estarían presentes en actos organizados por CIUCA, sino que participarían de forma activa en labores impropias de su puesto: desde controlar accesos y desempeñar tareas propias de portería, hasta colaborar en la logística más básica de los eventos. Dicho de otro modo, se les estaría utilizando no como personal de asesoramiento político, sino como una especie de estructura paralela al servicio del gobierno local.

Ese es precisamente el núcleo del problema. El personal eventual, por definición, está para asesorar. No para sustituir a empleados públicos, no para interferir en las competencias de los funcionarios, no para asumir funciones administrativas ordinarias ni para impartir órdenes dentro de la organización municipal. La ley y la jurisprudencia han sido claras en este punto, los asesores no están para gestionar expedientes, firmar informes, redactar propuestas de resolución o invadir ámbitos reservados al funcionariado.

Por eso no resulta casual que desde el PSOE de Telde, y en concreto desde la oposición encabezada en este asunto por Alejandro Ramos, se haya vuelto a poner el foco sobre qué trabajo les corresponde realmente a estos cargos de confianza. Tampoco es nueva la preocupación. Ya en 2015, según se recordó en el salón de plenos, se elaboró un informe sobre las competencias que debían tener los asesores del grupo de gobierno, precisamente para evitar intromisiones en funciones reservadas a funcionarios. El aviso lanzado entonces sigue plenamente vigente, cuando no se delimitan con claridad las tareas del personal eventual, se abre la puerta al abuso, a la confusión y a posibles irregularidades.

SOBRES CON DINERO

La gravedad del asunto aumenta si se observa el contexto. La polémica en torno a la Gala Drag del Carnaval de Telde 2025 añadió un nuevo capítulo al deterioro de la imagen institucional. Una asesora vinculada a CIUCA–Primero Canarias fue situada en el centro de la controversia por su presunta intervención en la entrega de un sobre con dinero en metálico correspondiente a premios del evento. Más allá de las responsabilidades concretas que puedan derivarse o no de ese caso, la reiteración de episodios en los que aparece personal eventual en funciones cuando menos discutibles dibuja un patrón inquietante.

Y ese patrón remite a una forma de gobernar. Si, como sostienen las denuncias políticas, estas actuaciones se producen de manera habitual en los actos organizados por CIUCA y obedecen a instrucciones directas de la alcaldía, la cuestión deja de ser anecdótica para convertirse en un problema institucional de primer orden. Porque no estaríamos ante excesos aislados de colaboradores entusiastas, sino ante un uso presuntamente desviado del personal de confianza, puesto al servicio no del asesoramiento político, sino de la operativa diaria y del control informal de la actividad municipal.

El riesgo no es solo político. También puede ser jurídico y económico para las arcas públicas. Si un asesor acaba desempeñando de forma continuada funciones estructurales, ordinarias y ajenas a la naturaleza de su nombramiento, surge inevitablemente otra pregunta que ya empieza a circular. ¿Podría reclamar en el futuro una condición laboral más estable, incluso como personal indefinido, alegando un uso fraudulento de su puesto? No es una hipótesis menor. La administración local no puede jugar a la ambigüedad con figuras de confianza para luego sorprenderse cuando aparecen conflictos laborales o reclamaciones judiciales.

Telde necesita algo muy básico, luz y taquígrafos. Saber qué funciones concretas tienen asignadas los asesores, quién supervisa su trabajo, en qué actos participan y bajo qué instrucciones. También necesita que el gobierno municipal explique por qué personal eventual aparece en escenarios que parecen corresponder a empleados públicos o a personal de seguridad y organización. Y, sobre todo, necesita que se respete una frontera esencial en cualquier administración seria: la que separa la confianza política de la función pública.

Porque cuando esa frontera se borra, lo que se degrada no es solo un procedimiento. Se degrada la institución entera. Y en Telde hace tiempo que demasiadas señales apuntan a que esa línea, más que vigilada, está siendo peligrosamente pisoteada.