Más allá del resultado judicial, el daño institucional ya está hecho. La incertidumbre afecta tanto a los aspirantes como a la propia administración, que ve cuestionada su capacidad de gestionar con solvencia procesos sensibles. Y en el ámbito de la función pública, la confianza es un valor tan importante como la legalidad

Hay procedimientos administrativos que, por su propia naturaleza, deberían ser un ejemplo de rigor, transparencia y seguridad jurídica. La selección de agentes de la Policía Local es uno de ellos: no solo está en juego el acceso a un empleo público, sino también la confianza ciudadana en las instituciones que garantizan la seguridad.

Sin embargo, el proceso de nombramiento de 33 policías en Telde acabó judicializada. Y no por una cuestión menor o anecdótica, sino por la sospecha de una gestión deficiente que ahora deberá ser analizada por los tribunales.

El refrán lo resume con crudeza: de aquellos polvos, estos lodos. Cuando un procedimiento no se cuida desde el inicio, cuando las bases no se aplican con rigor o cuando la transparencia deja dudas, el resultado rara vez es limpio. Y lo que debería resolverse en sede administrativa termina, inevitablemente, en los juzgados.

Las impugnaciones planteadas apuntan a posibles irregularidades en distintas fases del proceso: desde la aplicación de las bases de la convocatoria hasta la actuación del tribunal calificador. Será la justicia la que determine si esas alegaciones tienen fundamento suficiente como para anular total o parcialmente el procedimiento.

Más allá del resultado judicial, el daño institucional ya está hecho. La incertidumbre afecta tanto a los aspirantes como a la propia administración, que ve cuestionada su capacidad de gestionar con solvencia procesos sensibles. Y en el ámbito de la función pública, la confianza es un valor tan importante como la legalidad.

Conviene recordar que no toda irregularidad implica necesariamente una nulidad, ni toda crítica se traduce en ilegalidad. Pero cuando un proceso llega a los tribunales, algo ha fallado en el camino. Y ese fallo no es solo técnico: también es político y organizativo.

Ahora será el juzgado competente quien tenga la última palabra. Pero más allá de la sentencia, queda una reflexión inevitable: los procesos selectivos no se improvisan, no se relajan y no se banalizan. Porque cuando se hace, las consecuencias no tardan en llegar. Y en este caso, han llegado.