Según el PP, la decisión encaja en una “tendencia de consolidación” de grandes equipamientos de acogida en la capital, que incluye el acuartelamiento Canarias 50, en La Isleta. Los populares recuerdan que ese recinto militar opera como recurso estable al amparo de decisiones del Consejo de Ministros que califican este nuevo uso como de interés general, pese a que el planeamiento urbano vigente reservaba ese ámbito para espacios libres y zonas verdes

 El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado la prórroga de cinco años acordada por el grupo de gobierno (PSOE, Podemos y NC) para mantener como centro de acogida de inmigrantes la parcela del antiguo CEIP León, en el barrio de El Lasso, y ha pedido “devolver ese espacio a los vecinos” del Cono Sur. La portavoz popular, Jimena Delgado, sostiene que la medida “consolida” un uso que se presentó como temporal durante el anterior mandato socialista.

Según el PP, la decisión encaja en una “tendencia de consolidación” de grandes equipamientos de acogida en la capital, que incluye el acuartelamiento Canarias 50, en La Isleta. Los populares recuerdan que ese recinto militar opera como recurso estable al amparo de decisiones del Consejo de Ministros que califican este nuevo uso como de interés general, pese a que el planeamiento urbano vigente reservaba ese ámbito para espacios libres y zonas verdes.

La portavoz del PP en el consistorio capitalino, Jimena Delgado, enmarca esta crítica en lo que describe como “compromisos no cumplidos” de los sucesivos gobiernos municipales del PSOE. Durante la pasada legislatura se aseguró que la utilización de estos enclaves sería provisional y que, una vez superada la fase crítica en la llegada de inmigrantes, los suelos serían devueltos a los barrios y a sus vecinos

A juicio de Delgado, la prórroga en El Lasso y la continuidad operativa de Canarias 50 “contradicen ese compromiso, trasladando a la ciudadanía la idea de que la excepcionalidad se ha convertido en norma”, advierte la edil capitalina. El PP sostiene, además, que la capital se está consolidando como centro permanente de estancia e internamiento de migrantes, con la “total complicidad” del actual gobierno local encabezado por Carolina Darias.

Asimismo, señala que tanto La Isleta como El Lasso son centralidades de barrio que “anhelaban un uso propio” de estos espacios municipales -parques abiertos, centros comunitarios, locales sociales o instalaciones deportivas- y advierte de que mantenerlos como macro-equipamientos para extranjeros “difiere recursos y pospone proyectos de proximidad para los residentes en dichos barrios”.

El caso de El Lasso afecta a una infraestructura de origen educativo que empezó a utilizarse de forma extraordinaria durante los picos de llegadas por la ruta canaria y que ahora ve ampliada su cesión cinco años más, hasta un máximo de 75. Para el PP, la prórroga “perpetúa” una solución de emergencia en un solar que consideran estratégico para usos de barrio en una zona con déficit de equipamientos.

 “La Isleta necesita un pulmón verde y dotaciones deportivas; El Lasso, recursos comunitarios. Prorrogar macrocentros va en sentido contrario a lo que demandan los vecinos”, añadió. En materia migratoria, el PP reitera que aboga por una atención inmediata y digna tras el rescate, pero defiende la derivación a la península “en menos de 72 horas” y una política estatal “clara y definida” que combata las mafias, ordene la migración y favorezca la integración. La formación sostiene que las capacidades de acogida en la capital están “al límite”, con situaciones de “hacinamiento” que “perjudican tanto a los migrantes como a los residentes”.

Los populares encuadran su posición en el debate abierto entre administraciones sobre la distribución de personas migrantes -incluidos menores- y la compatibilidad entre soluciones de emergencia y la planificación urbana local. Como pasos inmediatos, solicitan revocar la prórroga del antiguo Colegio León, fijar un plan de usos vecinales para El Lasso y La Isleta con presupuesto y calendario, y exigir al Gobierno central un sistema de derivaciones que alivie la presión sobre la ciudad y sus recursos.