Servicios Públicos insta al Cabildo a intervenir pese a que un informe de Urbanismo reconoció en marzo que el paseo es competencia del Ayuntamiento

El tramo vallado en el paseo de la Avenida Marítima, justo al lado del barrio marinero de San Cristóbal, está afectado por una grieta de 30 metros de largo y de uno a tres centímetros de ancho, debido al hundimiento del terreno por el mal estado de la escollera.

La Concejalía de Servicios Públicos, que dirige Inmaculada Medina, ha enviado el expediente abierto por el mal estado del paseo a la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria para que su titular Miguel Ángel Pérez del Pino intervenga en el problema, pese a que un informe encargado por el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, a cuenta de un socavón abierto en abril de 2021 unos metros más allá de la zona en la que se ha detectado ahora la grieta, establecía claramente que todo lo que ocurre en el paseo peatonal es responsabilidad del Ayuntamiento.

En concreto, el informe fechado el pasado 7 de marzo, que dio lugar a que Doreste encargara una obra de emergencia para rellenar el socavón de 40 por 40 centímetros, decía textualmente: «Se concluye que el paseo peatonal situado al naciente de la GC-1, al norte del barrio de San Cristóbal, se encuentra en dominio público marítimo terrestre, fuera del espacio y uso portuario, en terrenos ganados al mar por el Estado para la construcción de la Autovía y fuera del espacio delimitado  como Sistema General Viario de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. Destinado al uso peatonal desde hace más de 50 años, correspondiendo la competencia, en cuanto a su mantenimiento, conservación y explotación, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en aplicación de lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de Carreteras de Canarias».

Por si quedaba alguna duda, en otra parte del citado informe se afirma que corresponde a las corporaciones locales «el mantenimiento, conservación y explotación de todo lo que no constituyen estrictamente viales».

Según el informe realizado por la Unidad de Tráfico, tras la detección de la grieta, la Policía Local acudió a la zona vallada el pasado 25 de mayo tras ser alertados por un viandante que había observado el crecimiento de la fisura. Los agentes de la Policía Local decidieron vallar la zona, «teniendo en cuenta los diferentes hechos acontecidos y el historial de la vía por los constantes embates del mar en el lugar».

Los bomberos también se personaron en el lugar y se dirigieron al técnico al que pidieron que les indicara las medidas a adoptar.

«El técnico», continúa el informe, «dice que no es competente en el lugar y que pertenece al Cabildo. Debido a esto se solicita la presencia de responsables del Cabildo en mantenimiento de carreteras, vías y obras, los cuales presentan un documento adjunto a este informe donde se recoge la competencia municipal». El informe al que se refiere el parte policial es el que encargó Doreste en el que se reconoce que el anterior socavón del paseo, que permaneció vallado más de nueve meses porque el Ayuntamiento se limitó a vallarlo y a decir que no era de su responsabilidad, sí era de competencia municipal.

Aquel informe advertía que se había producido «una disminución de la escollera que protege el paseo en unos cuatro metros, produciéndose así mayor exposición a los efectos de las mareas…. El batiente del mar contra la escasa protección marítima es el causante directo del vaciado del subsuelo del paseo marítimo». El estudio concluía que había que actuar de emergencia ante el riesgo «inminente» del hundimiento de la GC-1 y de la gran tubería que abastece de agua a la ciudad. Araíz de ese informe, que también recomendaba ampliar y ensanchar la escollera, se rellenó el socavón el pasado mes de abril, un parche más que se suma a los otros cinco rellenos de hormigón que se han realizado en los últimos 16 años.