María Isabel que con 60 años, se ha hecho cargo de sacar adelante a su nieto por motivos personales, se mostró muy agradecida de ser recibida por la edila del área, si bien le dio como el que no quiere la cosa un recadito, «no hacer declaraciones a los medios de comunicación porque corre el riesgo de que le quiten la custodia del menor si confiesa públicamente que no tiene medios económicos para su sostenimiento»
Desde hace tiempo, la denuncia pública en los medios de comunicación de los atropellos cometidos contra los ciudadanos se ha convertido en una poderosa manera de buscar justicia.
La ciudadana de San Gregorio (Telde), María Isbale Padrón Sánchez, tal como habían avanzado los medios digitales, Onda Guanche y Canarias Informativa, se reunió este lunes con la concejal de Servicios Sociales Adela Álvarez, quién se comprometió a devolverla a la lista de familias en exclusión social para beneficiarse de las ayudas sociales a las personas necesitadas, así como incluirla como candidata a personal de convenio.
María Isabel que con 60 años, se ha hecho cargo de sacar adelante a su nieto por motivos personales, se mostró muy agradecida de ser recibida por la edila del área, si bien le dio como el que no quiere la cosa un recadito, «no hacer declaraciones a los medios de comunicación porque corre el riesgo de que le quiten la custodia del menor si confiesa públicamente que no tiene medios económicos para su sostenimiento».
Me ha parecido miserable que Adela Ávarez, haya amenazado solapadamente a María isabel Padrón, para que se quede calladita en casa y no salga a los medios a decir las situación injusta en que la vive.
Pues se da la casualidad de que si la concejala de Servicios Sociales ha recibido a Isabel hoy lunes, es precisamente porque sabe que no se calla la boca y denuncia públicamente las injusticias que está sufriendo.
Me parece absolutamente deleznable, que se trate de meter el miedo en el cuerpo de esta mujer que está pasando por una muy difícil situación familiar, y si bien ella cobra una pensión de 600 euros mensuales, lo que pide es justicia social y tener las ayudas sociales que le corresponde como familia necesitada, además de los vales de alimentos también tiene derecho a un alquiler social, ya que el 80 por ciento de lo que gana es para pagar el alquiler mientras en Telde hay más de 200 viviendas sociales cerradas y sin ser adjudicadas.
La denuncia pública se ha convertido en una cierta forma de restitución al ciudadano del poder para hacer justicia, especialmente en los supuestos en los que el político no es capaz de actuar con eficacia.
