Centrado en el período 2026-2030, incorpora un diagnóstico socioestadístico, una revisión permanente y un enfoque territorial para afrontar el envejecimiento y la vulnerabilidad de la población

El Ayuntamiento de Santa Cruz desarrollará el II Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales 2026-2030, “un instrumento de planificación integral que marcará la hoja de ruta de la política social municipal durante el próximo quinquenio”. Así lo avanzó el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, quien estuvo acompañado por la concejala de Bienestar Social, Charín González, que fue la encargada de presentar los detalles de esta iniciativa.

Este documento estratégico se enmarca en el modelo definido por la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias y su Catálogo de Servicios y Prestaciones, y tiene como finalidad consolidar un sistema público más próximo, equitativo, innovador y orientado a resultados, reforzando el compromiso institucional con el bienestar y la cohesión social de la ciudadanía.

En este contexto, José Manuel Bermúdez, subrayó que el II Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales 2026-2030 “no es solo un documento técnico, sino una declaración política clara sobre el modelo de ciudad que queremos consolidar: una Santa Cruz que no deja a nadie atrás y que sitúa a las personas en el centro de la acción pública”. El regidor destacó que la planificación a medio y largo plazo permite superar la lógica de la gestión coyuntural y avanzar hacia una política social estructurada, “evaluable y orientada a resultados, alineada con Ley de Servicios Sociales de Canarias”.

El alcalde de Santa Cruz señaló que el Plan supone “un salto cualitativo en la forma de entender los servicios sociales”, al incorporar diagnóstico basado en datos, indicadores de seguimiento y un sistema de evaluación permanente que garantizará transparencia y rendición de cuentas. “Estamos hablando de fortalecer un sistema público esencial, que actúa como red de seguridad para miles de familias y que debe ser cada vez más ágil, más cercano y más eficaz”, afirmó.

“La elaboración del documento ha incluido un proceso participativo estructurado, en el que han intervenido personal técnico municipal, entidades sociales y distintos agentes vinculados al ámbito de los servicios sociales, mediante comisiones técnicas, grupos de trabajo y mecanismos abiertos de aportación ciudadana”, destacó Charín González, al tiempo apuntó que “este enfoque participativo refuerza la legitimidad del Plan y lo configura como una herramienta abierta a la mejora continua y al debate interno, alineada con una cultura de gobernanza colaborativa y corresponsable”.

El Plan parte de un diagnóstico exhaustivo de la realidad socioeconómica del municipio, abordando aspectos como la estructura económica y el mercado laboral, los niveles de pobreza, exclusión social y desigualdad, la situación de la vivienda, los procesos migratorios y la diversidad cultural, así como la inversión social y la respuesta institucional.

Este análisis incorpora un estudio demográfico detallado que presta especial atención al envejecimiento progresivo de la población, a la distribución territorial de las personas atendidas por las Zonas de Trabajo Social y a la caracterización de los perfiles de atención en función del sexo, la edad, la discapacidad, la dependencia, la situación laboral y el nivel de renta.

Asimismo, se examinan indicadores específicos como el riesgo de vulnerabilidad social, la realidad de la infancia y la adolescencia y el alcance de servicios como la ayuda a domicilio, con el objetivo de ajustar la planificación a las necesidades reales del municipio.

El documento parte de un análisis socioestadístico exhaustivo que dibuja con precisión la realidad demográfica y social del municipio y que servirá de base para adaptar los recursos y programas a las necesidades actuales y futuras de la población. El diagnóstico constata que Santa Cruz es una ciudad envejecida, con un índice de envejecimiento de 186 y una tasa de dependencia del 31%, lo que obliga a reforzar la planificación en materia de atención a personas mayores y dependencia.

El estudio también identifica realidades territoriales diferenciadas, situando al distrito Suroeste como el más joven del municipio y apostando por una intervención zonificada que permita ajustar la respuesta pública a las particularidades de cada área. Asimismo, se subraya la diversidad social existente —con un 92% de población de nacionalidad española— y las diferencias educativas entre zonas, factores que influyen directamente en los niveles de vulnerabilidad.

El II Plan Estratégico se articula en torno a cinco grandes ejes estratégicos: participación y empoderamiento ciudadano; proximidad y territorialidad; inclusión y equidad; innovación organizativa y tecnológica; y entornos comunitarios y saludables, incorporando además la perspectiva de igualdad y equidad de género como enfoque transversal en todas las áreas de actuación.

En el plano operativo, la planificación abarca ámbitos como la acogida, las adicciones, la cooperación social, la discapacidad, la infancia y la familia, las personas mayores, las migraciones, el trabajo social de zona y la administración y gestión, estableciendo para cada uno de ellos retos específicos y líneas de intervención orientadas a reforzar la calidad, accesibilidad y eficacia del sistema municipal.

El Plan integra de manera estructural la perspectiva de género, contemplando diagnósticos específicos, medidas correctoras y mecanismos de evaluación que permitan reducir brechas y garantizar la igualdad efectiva en el acceso y disfrute de los servicios sociales. Este enfoque transversal refuerza el compromiso municipal con una política social basada en derechos, equidad y justicia social.

En el ámbito institucional, la planificación se concibe en estrecha coordinación con el sistema público canario de servicios sociales, reforzando la cooperación con el Cabildo de Tenerife y con la Administración autonómica, tanto en materia de asistencia técnica y formación como en la articulación de proyectos compartidos. Esta cooperación interadministrativa permitirá optimizar recursos, evitar duplicidades y garantizar una respuesta integral a las necesidades de la población.

Uno de los elementos diferenciales del Plan es la implantación de un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación Integrado, concebido como un sistema estructurado de medición, análisis y retroalimentación continua que permitirá evaluar el grado de avance, los resultados y el impacto de las políticas sociales municipales. Este sistema incorpora indicadores estratégicos y operativos alineados con los ejes del Plan, seguimiento periódico, evaluaciones intermedias y finales, así como espacios de participación ciudadana, consolidando una cultura de transparencia, rendición de cuentas y mejora continua.

El alcalde José Manuel Bermúdez puso el acento en la dimensión estratégica del documento, remarcando que “la ciudad afronta desafíos complejos vinculados al envejecimiento poblacional y los cambios demográficos”. En este sentido, defendió que el Ayuntamiento “asume un liderazgo claro en la planificación social, reforzando la coordinación con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias para garantizar una respuesta integral y coherente dentro del sistema público canario”.

Por su parte, Charín González aseguró que el enfoque territorial y comunitario del Plan permitirá adaptar la intervención a la realidad específica de cada zona del municipio, reduciendo desequilibrios y mejorando la accesibilidad a los recursos. “La cohesión social no se construye con medidas aisladas, sino con planificación, coordinación y evaluación. Este Plan es la herramienta que nos permitirá avanzar con rigor, con responsabilidad y con visión de futuro”, aseguró la concejala de Bienestar Social.

Con esta planificación 2026-2030, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema municipal de servicios sociales, apostando por un modelo basado en la evidencia, la innovación, la proximidad territorial y la garantía de derechos. El II Plan Estratégico se configura como un instrumento clave para afrontar los retos derivados del envejecimiento poblacional, la vulnerabilidad social, la desigualdad y los cambios demográficos, consolidando una red pública capaz de ofrecer respuestas eficaces, coordinadas y sostenibles a las necesidades presentes y futuras de la ciudadanía.