Terminado el mismo sobre las 11:00 horas, el Alcalde departió con los vecinos reafirmándoles que habían contado su apoyo desde el momento en que tuvo conocimiento del la problemática del edificio y explicándoles que lo que pedían no era un informe baladí ya que el mismo conlleva una responsabilidad jurídica y profesional por parte del técnico redactor
Durante la celebración del Pleno ordinario de ayer viernes, un grupo de residentes del Bloque n.º 9 del Valle de Jinámar se concentró en la plaza de San Juan reclamando la entrega de un informe del técnico municipal a cerca de la situación del bloque donde residen.
Fue un Pleno complicado ya que prácticamente la escandalera montada de gritos y pitos impedía a la corporación poder entenderse entre ellos, lo que complicó mucho el desarrollo de la sesión.
Durante la celebración del mismo, el alcalde Juan A. Peña explicó la situación de los vecinos que se manifestaban y dejó claro que el Ayuntamiento había hecho todo lo que le correspondía, aún y cuando el responsable de esas viviendas es el Gobierno de Canarias.
Terminado el mismo sobre las 11:00 horas, el Alcalde departió con los vecinos reafirmándoles que habían contado su apoyo desde el momento en que tuvo conocimiento del la problemática del edificio y explicándoles que lo que pedían no era un informe baladí ya que el mismo conlleva una responsabilidad jurídica y profesional por parte del técnico redactor.
Finalmente este mismo viernes el el técnico municipal emitía el informe donde confirmaba la existencia de patologías en los pilares de los locales situados en planta baja, como fisuras longitudinales, carbonatación del hormigón y oxidación de las armaduras, lo que reduce la capacidad portante y puede comprometer la estabilidad estructural del inmueble.
El informe emitido por el técnico municipal plantea la necesidad de iniciar un procedimiento de orden de ejecución para que la comunidad de propietarios aporte un proyecto técnico que contemple las medidas de protección estructural pertinentes. La estimación inicial del coste de este estudio se sitúa en torno a los 8.500 euros, según refleja el informe. Asimismo, ya ha sido remitido oficialmente al Gobierno de Canarias para su evaluación y respuesta, cumpliendo así con el trámite acordado.
Previamente al informe municipal, ya el Ayuntamiento de Telde, había remitido con fecha 1 de julio el informe aportado por los vecinos al Instituto Canario de la Vivienda, que como ya dijo el Alcalde en el Pleno, es el Gobierno de Canarias quien ha de solventar el problema, aun que el Ayuntamiento haya servido de hilo conductor a las demandas de los vecinos.
