El caso de la sentencia absolutoria de Artiles en Telde es una prueba de cargo contra quienes pretenden mangonear la realidad a golpe de talonario. El titular de La Provincia es demoledor para los arquitectos del fango de la actualidad de Telde
La libertad de prensa es el oxígeno de la democracia, pero lo que respiramos hoy en ciertos sectores es el aire viciado de una fosa séptica. Ya no hablamos de errores, falta de rigor o sesgos editoriales. Estamos ante algo mucho más oscuro, el periodismo de cartera, una modalidad de extorsión mediática donde la noticia no nace de un hecho, sino de un encargo económico.
El caso de la sentencia absolutoria de Artiles en Telde es una prueba de cargo contra quienes pretenden mangonear la realidad a golpe de talonario. El titular de La Provincia es demoledor para los arquitectos del fango de la actualidad de Telde.
El pasado noviembre, ciertos altavoces de la «desinformación» se apresuraron a celebrar un «sobreseimiento y archivo» de la causa contra Artiles, citando un auto judicial del Juzgado 2 de Telde. Daban la causa por cerrada y el traslado a fiscalía por hecho.
Mintieron. No fue un error de interpretación; fue una invención deliberada. Se hicieron eco de un auto inexistente y señalaron a un juzgado que nada tenía que ver con el real.
La estrategia es tan burda como efectiva, se inventan hechos, se retuercen resoluciones para que el archivo parezca condena y se cruzan causas inconexas para emponzoñar el nombre del adversario. Es el uso de la mentira con apariencia de legalidad; una trampa diseñada para que el ciudadano, aturdido por el ruido, acabe sentenciando aquello de que «algo habrá hecho».
Preguntado por este atropello, Juan Francisco Artiles ha mantenido una respuesta invariable, “Hasta que no haya sentencia, no voy a hablar”. Esa prudencia es el espejo donde debería mirarse la indecencia de quienes ya lo habían condenado en sus rotativas.
Cuando un medio de comunicación se utiliza para la degradación sistemática de un cargo público, deja de ser un contrapoder para convertirse en un matón a sueldo.
No se critica la gestión, se busca la aniquilación del individuo. Se ataca el honor y el nombre bajo la impunidad que otorga la pantalla, hasta que la víctima es políticamente irrelevante o civilmente un cadáver. Es la «pena de telediario» convertida en modelo de negocio.
Es natural, y estrictamente necesario, que el afectado anuncie acciones judiciales. Defenderse de la infamia, no es un ataque a la libertad de expresión, es una trinchera contra el libertinaje de la calumnia. Quien utiliza una rotativa para linchar a sabiendas de que miente, no es un periodista, es un delincuente de la información.
Como bien se ha dicho: «Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala. Sin embargo, una prensa que miente por encargo no es libre, es esclava de su propio precio».
Es hora de que la justicia sea tan contundente como las mentiras que la provocan. Si el honor tiene un precio para quien lo destruye, que la sanción económica y social sea tan elevada que el periodismo de cartera deje de ser rentable. La verdad no puede seguir siendo el daño colateral de una cuenta de resultados.
