El concejal Rodríguez, en Telde, pretende que el tiempo se detenga y ser un «no adscrito» con privilegios de ministro. Pero la realidad jurídica es un jarro de agua fría, la voluntad de un alcalde no puede estar por encima de la Ley de Bases del Régimen Local
Parece que en la política local canaria se ha puesto de moda el «turismo de bancada». Ya no importa bajo qué logo te prometieron amor eterno en los carteles electorales; ahora lo que se lleva es el intercambio de cromos.
Si comparamos los casos de Santa Lucía y Telde, el patrón es tan idéntico como vergonzoso, la ley se percibe como un estorbo y el alcalde de turno como un generoso «padrino» que reparte bendiciones en forma de delegaciones.
En Telde vemos el caso clásico de la «concejala paracaidista», sale de la oposición y aterriza, milagrosamente, en las mullidas alfombras del Gobierno. Aquí la ironía se escribe sola. Quien fue elegida para fiscalizar al poder, decide que se vive mejor bajo su cálida sombra. Pero cuidado, la ley es un muro, no una sugerencia. Si su paso al gobierno implica una sola moneda de más o una cuota de poder que no tenía en su grupo original, estamos ante un caso de manual de «mejora de estatus», algo que el Tribunal Supremo ha prohibido con la contundencia de un martillazo. Integrarse en el gobierno no es una decisión personal; es un negocio político que la jurisprudencia ya ha etiquetado como ilegal.
Y luego tenemos al que abandona su grupo, pero no quiere soltar la cartera, apelando a la «buena voluntad» del alcalde. ¡Qué enternecedor! Hablar de «buena voluntad» en política ,es el eufemismo favorito para no decir, «necesito tus votos para no caerme y tú necesitas mi sueldo para seguir viviendo».
El concejal Rodríguez, en Telde, pretende que el tiempo se detenga y ser un «no adscrito» con privilegios de ministro. Pero la realidad jurídica es un jarro de agua fría, la voluntad de un alcalde no puede estar por encima de la Ley de Bases del Régimen Local.
¿Qué une realmente a Santa Lucía con Telde? Aquí aparece el primer punto de encuentro, la nueva «militancia». Ambos casos forman parte del «renovador proyecto» de los alcaldes de Gáldar y Agüimes. Una suerte de franquicia política donde el lema parece ser; «Primero nosotros y, si sobra algo, Canarias».
Bajo este paraguas, el transfuguismo no se ve como una traición, sino como un trámite administrativo para alimentar el nuevo poder insular.
El segundo punto de encuentro son los propios alcaldes, actuando como «blanqueadores» del transfuguismo.
En Santa Lucía, la farsa alcanza niveles épicos, los tránsfugas son el propio alcalde y sus fieles, quienes, tras ser expulsados de la coalición por la que se presentaron y quitarse de encima a sus “compañeros de lista”, se han repartido las áreas vacantes incrementando sus propias competencias. Quieren el bastón, la nómina y el control total, saltándose el cordón sanitario que la ley impone a los no adscritos.
En Telde, el alcalde ya sostiene su bastón gracias a una tránsfuga y ahora va a por el segundo.
Tanto en un sitio como en otro, el tránsfuga no es nada sin la firma del alcalde. La responsabilidad legal y moral de este fraude recae directamente sobre quien firma el nombramiento. Usan la «estabilidad» como excusa, pero es el argumento de los mediocres, saltarse la ley para que el coche siga andando, aunque sea con las ruedas pinchadas y el motor gripado por la falta de ética.
En ambos municipios, el voto del ciudadano ha sido usado como papel higiénico. Usted votó a un partido y a un programa, pero el alcalde ha decidido que le gobierne una «antología del desertor» simplemente porque así le cuadran mejor las cuentas en los plenos.
Lo que vemos es un mercado de abastos político donde el alcalde de Telde no es un gestor, es un comprador de lealtades; y los concejales no son representantes, son autónomos del acta que venden su voto al mejor postor.
Si la ley dice que el no adscrito debe quedar en el ostracismo para que traicionar las siglas no salga rentable, convertir el Ayuntamiento en un refugio de desertores es, sencillamente, gobernar contra la ley.
Veremos cuánto tarda la justicia en recordarles que el Ayuntamiento no es su tablero de Monopoly, por mucho que se empeñen en comprar la casilla de salida con el dinero y la confianza de todos.
Domingo Calderin (El Guirre)
