Juan Dávila-García. Radiotelegrafista del Estado

El Director General del Servicio Canario de Salud ( SCS), Conrado Domínguez Trujillo ha sido el primero en la “purga” por el caso de las mascarillas, -¿dimitido por voluntad propia o amenazado con ser cesado por el gobierno canario, lo que le indujo a firmar su “dimisión”, posiblemente contra su propia voluntad?-. 

No cabe duda que sus manifestaciones ante la fiscalía y ante juez negando haber hablado con el empresario Rayco Rubén González líder de RR7 (United Sociedad Limitada, actividad CNAE venta de automóviles y vehículos de motor ligeros), y que este –desmintió- aportando su teléfono móvil voluntariamente ante el fiscal Rodenas, que totalmente –vaciado- por los técnicos de la Policía y de la Guardia Civil, demostró que Domínguez había hablado varias veces con el empresario citado cosa que había negado por activa y por pasiva ante quienes lo estaban –juzgando-.

Hace unos días el presidente del Gobierno Canario, señor Torres manifestó con rotundidad “que se iban a recuperar los cuatro millones”, ahora sin venir a cuento manifiesta que desconocía el affaire de las mascarillas, “que trata de decirnos nuestro presidente que el único culpable de este posible –fraude- es Conrado Domínguez, y que ya cesado el problema ha quedado zanjado, pienso que todavía hay mucha -tela que cortar-, y que evidentemente hay más implicados que irán saliendo a la luz según avancen las pesquisas, y las declaraciones en sede judicial de otros miembros del gobierno, que están agazapados intentando evitar ser citados a declarar.

Cuatro millones de euros no es ninguna –bagatela- es una cantidad bastante importante, por eso me gustaría preguntarle a los señores Torres y Rodríguez, presidente y consejero de hacienda del gobierno canario respectivamente, ¿puede un director general de una determinada institución gubernamental, en el caso que nos ocupa el del SCS, disponer de una cantidad de dinero tan elevada sin que sea autorizada por los máximos responsables del gobierno, y la vez supervisada por los mismos, y especialmente tener conocimiento del destino o uso de ese dinero, -es posible que la cosa sea así y por consiguiente que Conrado Domínguez pudiera coger sin contar con nadie tal cantidad de euros?, de ser así permítaseme que tilde al gobierno canario de irresponsable y de posible cómplice de tan “feo e indeseable asunto”.

Ya venía diciendo yo visto el desarrollo de las primeras pesquisas, que no solo Domínguez es el responsable del despilfarro de esos cuatro millones de euros, para la compra de unas mascarillas que nunca llegaron, a una empresa cuya dedicación es la venta de automóviles… sin que tuviera relación alguna con el negocio llamémosle de –productos sanitarios-, sin embargo la operación se realizó parece ser que desde el principio de forma –fraudulenta-, ya que el pago se hizo pero el producto adquirido nunca llegó, por lo que supuestamente todo fue un engaño del supuesto vendedor que nunca dispuso de ese material.

Conrado Domínguez manifiesta que conoció a González de través de un amigo de ambos, que fue quien le recomendó la compra de las mascarillas a este empresario, se comenta que hubieron comisiones de 100.000 euros ¿quién las percibió?, de momento nadie sabe quién fue el receptor de esta –importante comisión- pero a buen seguro que se llegara a saber quién fue el beneficiado, sólo existen especulaciones que no se sostienen jurídicamente, es muy importante que la justicia determine con total exactitud quién fue el que se benefició de esta notable comisión, no creo que fuera Domínguez no obstante decir que entre los dos está el juego, el –amigo intermediario- de este o él mismo, o quizás alguien con más responsabilidad dentro del gobierno, “todo es posible”.

La corrupción existente en nuestro país es tan grande que abarca a -casi todas las instituciones gubernamentales-, incluidos gobiernos autonómicos, por eso no sería de extrañar que en el caso que nos ocupa estuvieran implicados altos cargos (que tengan relación con los departamentos de Hacienda y Sanidad), todos bailan al “mismo ritmo y el dinero es muy goloso”, y nadie o casi nadie pregunta de dónde procede el –sobre-, por lo que el anonimato es para todos el mejor signo a la hora de dar explicaciones relacionados con el posible delito cometido.

 El Partido Popular e incluso Podemos le piden al gobierno la apertura de una Comisión de Investigación Parlamentaria, la pérdida de cuatro millones no es –moco de pavo-, y alguien tiene que responder a la posible negligencia cometida al no advertir el uso dado a ese dinero y la solvencia económica, social y jurídica de la empresa en cuestión.