El activista social Carlos Carreño, (a instancias de numerosos colectivos animalistas y particulares) solicita que el perro sea de nuevo incautado, que Gesplan y su veterinaria asuman la responsabilidad que el juez determine y se contemple la posibilidad de que el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Bienestar animal haya incurrido en un delito de prevaricación

El activista social Carlos Carreño ha presentado esta mañana de jueves una denuncia en el juzgado de guardia de Telde contra la empresa que gestiona el albergue y recogida de animales de Telde y de manera subsidiaria contra el Ayuntamiento de Telde y la concejalía de Bienestar Animal por una presunta prevaricación por omisión del deber de perseguir delitos e infracciones administrativas.

Esta es la segunda denuncia presentada por el caso del perro Denver. Un perro de raza pitbull que la empresa responsable de la recogida, a través de su veterinaria, María Candelaria Montesdeoca, y la policía local de Telde tuvieron que incautar semanas atrás tras la presión social y mediática.

Y hablamos de que “tuvieron” porque hasta en tres ocasiones, la mencionada veterinaria y la policía local acudieron al zulo donde el animal se encontraba “sin ver indicios de maltrato”. El animal se encontraba encadenado en un espacio minúsculo, rodeado de sus propias heces, sin agua ni comida, con un colchón carcomido y la única protección de una puerta tirada que le daba sombra (acompañamos videos e imágenes). No tenía ni chip, ni vacunas, ni seguro al ser un perro PPP, ni sus poseedores tenían la licencia pertinente.

En vista de tantas irregularidades, se interpuso una denuncia solicitando la adopción de medidas cautelares para evitar la devolución del perro como en algún caso se había insinuado y como finalmente ha quedado demostrado que se ha producido.

En esta segunda denuncia, tras comprobar que el perro ha sido alimentado (y posiblemente Gesplan haya colocado el chip sin dejar pasar los 20 días preceptivos para localizar a sus legítimos dueños), vacunado y desparasitado, el denunciante, Carlos Carreño (a instancias de numerosos colectivos animalistas y particulares) solicita que el perro sea de nuevo incautado, que Gesplan y su veterinaria asuman la responsabilidad que el juez determine y se contemple la posibilidad de que el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Bienestar animal haya incurrido en un delito de prevaricación, en este caso de omisión, por permitir que el animal haya vuelto a sus captores, costeando tanto el chip como las vacunas, la alimentación y desparasitación del animal.

Prevaricación omisiva por no perseguir el delito de abandono tipificado en la nueva ley de bienestar animal, por ponerle un chip a un animal sin que pasen los 20 días que el decreto del Gobierno de Canarias exige y por no interponer una denuncia por maltrato a quienes tenían un perro en condiciones lamentables.

Toda esta devolución del animal a sus captores a sabiendas de que se habían solicitado medidas cautelares y que había numerosas personas del colectivo animalista interesadas en el estado del animal e incluso en su adopción responsable, dando muestras de una soberbia exagera ante la consideración de que están por encima de la ciudadanía.

El Artículo 408 del código penal es claro“La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.

Veremos lo que dice la justicia con respecto a este atentado contra un animal (que todo indica que no será el único si no se toman medidas serias en dicha concejalía) y si los responsables son debidamente juzgados.