El conflicto de intereses estalla cuando ese concejal de la oposición, o ese miembro del equipo de gobierno sin cartera de gestión directa, es a su vez el abogado urbanista que defiende a los promotores locales, el arquitecto que firma los proyectos que luego debe visar el arquitecto municipal, o el consultor que «orienta» a las contratas de limpieza antes de que salgan los pliegos de condiciones. La frontera entre el asesoramiento técnico y el tráfico de influencias se vuelve invisible

La política municipal es la más cercana al ciudadano, pero también la más expuesta a las tentaciones del interés propio. Es en el ecosistema de un Ayuntamiento, donde las distancias entre el regulador y el regulado se acortan hasta diluirse, la Ley de Incompatibilidades debería funcionar como un muro de contención infranqueable. Sin embargo, para no pocos alcaldes y concejales, ese muro se ha transformado en un laberinto transitable, un entramado de rendijas legales que permite compaginar el bastón de mando con el beneficio empresarial. El Consistorio, diseñado para gestionar el bien común, termina convertido en el mejor trampolín para los negocios privados.

El modus operandi ya no es el del siglo pasado; la picaresca local se ha profesionalizado. Las burdas maniobras de firmar contratos municipales con la propia empresa familiar han dado paso a una sofisticada red de asesorías externas, participaciones accionariales cruzadas y sociedades patrimoniales administradas por allegados. La meta sigue siendo la misma: exprimir la información privilegiada y los contactos del área de Urbanismo o Contratación mientras se mantiene el acta de concejal.

La ficción de la exclusividad local

La Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas establece que los cargos electos con dedicación exclusiva no pueden percibir más remuneración que la de su puesto público, prohibiéndoles ejercer actividades privadas que puedan comprometer su imparcialidad. Pero la ley hecha la ley, hecha la trampa.

El principal agujero negro del municipalismo se encuentra en las dedicaciones parciales o en los concejales sin liberación, un limbo legal que les permite mantener sus profesiones. El conflicto de intereses estalla cuando ese concejal de la oposición, o ese miembro del equipo de gobierno sin cartera de gestión directa, es a su vez el abogado urbanista que defiende a los promotores locales, el arquitecto que firma los proyectos que luego debe visar el arquitecto municipal, o el consultor que «orienta» a las contratas de limpieza antes de que salgan los pliegos de condiciones. La frontera entre el asesoramiento técnico y el tráfico de influencias se vuelve invisible.

El radar averiado de los ayuntamientos

Si el control de los altos cargos del Estado presenta deficiencias, en el ámbito municipal la fiscalización es, a menudo, una quimera. Las declaraciones de bienes y actividades que alcaldes y concejales firman al inicio del mandato se guardan en el Registro de Intereses del Ayuntamiento. En teoría, son públicas; en la práctica, son pantallas opacas.

Los secretarios e interventores municipales —los garantes de la legalidad institucional— carecen de herramientas y competencias para actuar como inspectores de hacienda o detectives privados. No pueden cruzar de oficio los datos del concejal con el Registro Mercantil para ver si es el beneficiario real de una sociedad interpuesta. Salvo que la oposición política eleve el tono en un pleno o un medio de comunicación local tire de la manta, el concejal-empresario puede pasar cuatro años votando adjudicaciones que, de un modo u otro, acaban regando de capital sus propias cuentas corrientes.

El peaje de la impunidad

Cuando se detecta que un cargo local se ha saltado la ley de compatibilidad, el laberinto ofrece una última salida de emergencia: la lentitud burocrática. El procedimiento sancionador es competencia del propio pleno municipal o de las comunidades autónomas, lo que suele dilatar los expedientes hasta que el mandato expira o el delito administrativo prescribe. En el peor de los casos, si la infracción es tan flagrante que roza las negociaciones prohibidas a funcionarios o la prevaricación, el caso salta a los juzgados, pero para entonces el daño reputacional a la institución ya es irreversible.

El Ayuntamiento como trampolín privado es la mayor carcoma de la confianza democrática. Mientras la dedicación al servicio local se entienda por algunos como una inversión de red de contactos y no como un servicio público exclusivo, las ordenanzas y los códigos éticos no pasarán de ser papel mojado. El laberinto sigue abierto, y los intereses privados continúan encontrando el camino para colarse en el salón de plenos.