La Fiscalía considera que Isabel Guerra concejala de Nueva Canarias en Teror, cometió fraude en las subvención recibida por valor de128.618 euros, al destinarla a un fin distinto al acordado
El Partido Popular, denunciaba en abril del año pasado, un escándalo de clientelismo político por la concesión de más subvenciones del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias a concejales y cargos electos de Nueva Canarias (NC), en este caso a la asociación de mujeres profesionales Maguada, constituida dos meses antes de la elecciones de 2019 por Isabel Guerra Sánchez, edil de la formación nacionalista en la oposición del Ayuntamiento de Teror.
La concejala de NC, que ocultaba en el portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico su actividad al frente de la asociación, fue nombrada el 4 de octubre de 2019 cargo de confianza de Román Rodríguez en Vicepresidencia del Gobierno de Canarias.
Esta denuncia del PP en el Cabildo de Gran Canaria, se ha visto ahora refrendada por la Fiscalía, que considera que Isabel Guerra, presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales Maguada y concejala por Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Teror, cometió un delito de fraude en las subvenciones al haber presuntamente utilizado el dinero que había recibido del Gobierno de Canarias para una serie de proyectos –en total, 128.618,97 euros– en otras actividades de la entidad que ya contaban con financiación propia
La denuncia elevada ahora a los juzgados es fruto de las pesquisas realizadas por la Fiscalía Provincial de Las Palmas a raíz de un escrito y de diversa documentación que les fueron remitidos el pasado mes de febrero. De ellos se desprende indiciariamente que Guerra, en su calidad de máxima responsable de Maguada, utilizó diferentes recursos públicos y financiación en el ámbito de los servicios sociales «con una finalidad exclusivamente personal, sin atender a los objetivos aducidos para obtener dicha financiación».
El decreto de la Fiscalía de Las Palmas también recoge el relato de otras incidencias, como la falta de contrato laboral de dos trabajadoras de la asociación. Menciona, asimismo, la falta de cualificación profesional de parte del personal, el desarrollo de otras actividades sin un contenido real de tratamiento sociosanitario y la realización de un curso de 20 horas –por el que había percibido 1.500 euros– en tan solo seis. Por último, asegura que Guerra exigía al personal una «actitud acrítica» durante el desarrollo de la actividad laboral.
Por todo ello, y al margen de otros hechos que puedan surgir durante la investigación judicial, la Fiscalía considera que Maguada –y por lo tanto Guerra como responsable, al ser su presidenta– incurrió en un delito de fraude en las subvenciones.