La normativa de función pública establece que el periodo de prácticas tiene una duración determinada. Mantener a los agentes en este estado de manera indefinida se percibe como un fraude de ley, ya que se les está exigiendo responsabilidad plena de policía de carrera sin otorgarles la estabilidad jurídica correspondiente
El 6 de mayo de 2024, con toda la pompa que más bien parecía un acto castrense que el nombramiento de policías locales, se incorporaron 33 nuevos agentes que debían completar un periodo de 1.200 horas de servicio. A día de hoy ya han superado las mismas sin que se haya producido el nombramiento o lo que es lo mismo su juramento como policías locales.
Aunque los agentes llevan ahora mismo dos años patrullando las calles el proceso no se considera «blindado» o culminado legalmente debido a fallos en la fase de oposición. Al no estar el mismo cerrado administrativamente, los agentes viven en una especie de «limbo» jurídico.
La normativa de función pública establece que el periodo de prácticas tiene una duración determinada. Mantener a los agentes en este estado de manera indefinida se percibe como un fraude de ley, ya que se les está exigiendo responsabilidad plena de policía de carrera sin otorgarles la estabilidad jurídica correspondiente.
El Ayuntamiento de Telde se encuentra en una encrucijada. Por un lado, tiene la presión sindical para nombrarlos ya; por otro, tiene la sentencia judicial que le obliga a corregir de nuevo un examen. El gran problema para el Ayuntamiento es qué hacer si, tras la nueva corrección, aparecen aspirantes que inicialmente quedaron fuera pero ahora tienen nota para entrar.
Al no ser nombrados funcionarios de carrera, los agentes ven limitados sus derechos en cuanto a:
Consolidación de grados.
Acceso a concursos de traslado.
Solicitud de excedencias.
Ciertos complementos retributivos que dependen de la condición de funcionario definitivo.
La falta de culminación no se debe a que los agentes no hayan cumplido los requisitos, sino a que el procedimiento administrativo no ha sido formalmente concluido por la administración local (falta de nombramientos efectivos publicados y de resoluciones formales), lo que está dejando en un limbo la situación laboral de estos policías.







