El diputado del Común reconoció que es una “secuela” de la pandemia, al igual que la cita previa, que, en su opinión, “no puede ser obligatoria”, porque los mecanismos que se necesitan “no están garantizados para toda la población”. Además, dijo, “es aconsejable, pero no obligatoria, porque margina a un sector de la población”.
El diputado del Común, Rafael Yanes, instó a las instituciones a “eliminar” el teletrabajo si se detecta que baja la productividad de los trabajadores en comparación con el trabajo presencial, ya que “existe la sensación de que perjudica la calidad de los servicios”.
En la presentación del informe anual ante la comisión del Parlamento de Canarias, Yanes reconoció que el teletrabajo “es una modalidad que tiene beneficios ambientales y familiares”, pero al mismo tiempo “no puede convertirse en un derecho laboral que perjudica la calidad de los servicios”, porque “aleja a la ciudadanía” de la Administración. “No se puede admitir que no se de el servicio al ciudadano”, porque el trabajador que lo debe prestar esté ese día en teletrabajo, y, para ello, pidió a las administraciones que fijen claramente qué puestos son susceptibles de acceder al teletrabajo en la Relación de Puestos de Trabajo.
El diputado del Común reconoció que es una “secuela” de la pandemia, al igual que la cita previa, que, en su opinión, “no puede ser obligatoria”, porque los mecanismos que se necesitan “no están garantizados para toda la población”. Además, dijo, “es aconsejable, pero no obligatoria, porque margina a un sector de la población”.
Yanes defendió el trabajo “serio, honesto e independiente” de la institución a lo largo de la Legislatura, y que cerró el 2022 con 2.925 quejas, lo que supone un aumento del 63% en cinco años, si bien inferior al 2021 que tuvo cifra “inusual” de 3.671.
Resaltó la voluntad de la Diputación de hacer un informe extraordinario sobre la situación de la vivienda, propuesta que “ha sido bien acogida” por todos los cabildos y la mitad de ayuntamientos que han contestado. El objetivo es que esté culminado a final de año o en 2024 pues se trata de hacer un “estudio concienzudo” que permita obtener propuestas que “útiles”.
La Diputación avaló el Plan de Vivienda 2020-25 y solicita que “se cumplan los plazos”, subrayando que hay que mejorar la inspección para “eliminar prácticas fraudulentas” como “ventas clandestinas, ocupaciones ilegales o subarriendos”.
En cuanto a la discapacidad, lamentó los retrasos en la valoración y revisiones de grado, pues los tres meses legales “se han convertido en 39 meses”. Sobre dependencia, remarcó que las quejas caen un 36%, aunque sigue siendo el área “que más tiene”. Reconoció que la gestión ha mejorado, pero Canarias sigue “a la cola” en multitud de parámetros -aunque en el acceso a prestaciones económicas ocupa el séptimo puesto-.
Reclamó la aprobación del plan nacional de la persona cuidadora y crear en el Parlamento una comisión de estudio. Asimismo, destacó la mejora en las listas de espera sanitarias, pero reiteró que es “insuficiente”, porque son muy “mejorables”.
En cuanto al tercer sector destacó que las asociaciones, fundaciones y cooperativas gestionan el 88% de los recursos de discapacidad y el 100% de dependencia. Para garantizar su estabilidad económica propuso anticipar las convocatorias del 0,7% del IRPF para que el dinero “llegue antes” de iniciar los proyectos y estudiar la posibilidad de acometer iniciativas plurianuales y que se respete el convenio colectivo.
