Michael A. Galascio Sánchez. Doctor en Psicología de la Salud y Clínica, licenciado en Ciencias Políticas
Una de las razones por las que la transición energética propuesta por el gobierno ha fracasado es su incapacidad para incorporar factores no económicos en la planificación de las transformaciones de las infraestructuras energéticas. No han desarrollado mecanismos operativos racionales, ni indicadores para evaluar la eficacia de su plan. No se ha investigado cómo se representan los valores en las dimensiones ecológica, social y económica.
En este sentido, para poner en marcha un Plan de Transición Energética, hay que considerar tanto el valor que representan las infraestructuras existentes como el valor de las nuevas. Es fundamental definir y calibrar los valores que significan para evaluar su potencial impacto social y facilitar un entorno de trabajo útil centrado en la compensación y la alineación de las dimensiones sociales y ecológicas, más que el equilibrio de cada una de ellas. Y es innegable que existen fuertes vínculos entre las infraestructuras y el bienestar social al igual que el medioambiental, lo que implica que la política estatal debería prestar más atención a la percepción que los ciudadanos tienen de las infraestructuras.
De este modo, los ciudadanos podrán considerar y articular cuestiones sociales, políticas y de infraestructuras. Se trata de que el gobierno mejore las percepciones actuales del entramado energético, así como sus deseos futuros. Ya que estos valores, más que requerir percepciones individuales, son más indicativos de lo que los ciudadanos quieren de las infraestructuras.
Existen poderosas opiniones colectivas sobre las características deseadas para las infraestructuras, que coinciden exactamente con los valores públicos sobre los cambios en el sistema energético. Sin embargo, la falta de un mecanismo para incorporar los valores no económicos en los procesos de toma de decisiones sobre las infraestructuras energéticas, impide que los ciudadanos estén debidamente informados e instruidos sobre estas cuestiones, lo que supone que su participación en estos procesos sea nula.
Esta situación es preocupante porque la sostenibilidad del entramado energético, su planificación y funcionamiento de las infraestructuras, así como su interacción con los ciudadanos y el medio ambiente se entrelazan con las políticas y burocracias heredadas que rigen estos sistemas tecnológicos masivos.
No debemos olvidar que las infraestructuras energéticas son duraderas y tienen un impacto significativo en las condiciones económicas, la integridad medioambiental y el comportamiento social. Los sistemas energéticos, en particular las infraestructuras de apoyo a la generación de energía eléctrica, están sufriendo transformaciones como consecuencia del drástico cambio del mix energético tradicional que abastece a España.
En esta línea, el gobierno no debe abandonar su objetivo de garantizar la estabilidad de un sector estratégico, identificando los factores que influyen en la innovación, la transformación de las infraestructuras, el impacto medioambiental, la supervisión gubernamental, la intensidad regulatoria, la competitividad y el carácter social.
La precipitación del Estado ha erosionado la credibilidad tanto de los partidos políticos como de la administración. Asimismo, el intento de desviar la responsabilidad hacia las empresas eléctricas resulta inútil ya que ex ministros de los principales partidos ostentan destacados cargos en los consejos de administración de las compañías que sus propios partidos pretenden demonizar. Por ello, es imprescindible cambiar inmediatamente la estrategia de comunicación del gobierno hacia los ciudadanos dentro del sector energético.
